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Desde el inicio, hace casi un año, de su coadyuvancia técnica, los expertos independientes de la CIDH y los abogados de los padres de Los 43 han dirigido sus esfuerzos a la descalificación de la dichosa verdad histórica, lo cual beneficia a los inculpados mucho más que a los familiares y para nada a la justicia.

Se supone que debieran presentar elementos de apoyo a las consignaciones puestas a consideración del juez para que se dicten sentencias en el proceso, por lo pronto, contra 118 acusados de asesinos materiales e intelectuales y sus cómplices.

El Estado mexicano ha sido llevado a una disputa por el basurero de Cocula, pero los resultados que presentan el GIEI y los forenses argentinos apuntalan solo el trabajo de los defensores de los probables asesinos pese a que, de haber inconsistencias, el juez debiera o no solicitar sus opiniones.

Los estudios que han difundido están fuera de la consignación ministerial, apuntan sobre todo contra la versión de la PGR, a la que solo ellos sabrán en qué coadyuvan, y entreabren las rejas a los encarcelados…

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