Una lápida legal a la consulta

Concierto de inconstitucionalidades, con esa frase memorable terminó el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, sus conclusiones sobre la iniciativa de someter a consulta ciudadana el juicio a expresidentes.

Le habían pedido en realidad que juzgara sobre la constitucionalidad de la pregunta que iba a someterse a consulta, pero el ministro no cruzó ese umbral, se detuvo antes, en el análisis de la constitucionalidad de la iniciativa misma.

Su reflexión fue que había suficientes elementos de inconstitucionalidad en la iniciativa como tal y no hacía falta llegar al análisis de la pregunta. Aceptar la iniciativa era aceptar, implícitamente, que las autoridades podían someter a consulta su obligación de cumplir la ley.

Es decir, que si la autoridad conoce de algún delito cometido por algún expresidente o por todos ellos, su obligación es procesarlos, no consultar a la ciudadanía si debe hacerlo o no.

Según el criterio del ministro Aguilar, la propuesta de consulta viola los derechos humanos, violenta el principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de igualdad ante la ley de todos los mexicanos.

¿Por qué? Porque aparta a un grupo de ciudadanos de la aplicación sin distingos de la ley para someterlos a una acusación genérica, especial, por delitos no precisados que, en caso de existir, deben simplemente castigarse y en caso de no existir, al imputarse, violan las garantías individuales y constitucionales básicas de los señalados.

“Si bien cada uno de los motivos expuestos”, concluye el ministro, “es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la consulta, la suma de todos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades”.

El proyecto de sentencia del ministro Aguilar deberá ser aprobado o rechazado por el pleno de la Corte este jueves.

Sin embargo, el ministro parece haber puesto una lápida legal sobre uno de los propósitos fundamentales del Presidente rumbo al año electoral de 2021: mantener vivo el amago de enjuiciar a ex presidentes como prueba de que su lucha contra la corrupción es en serio, no como las de antes.

Lo cierto es que el Presidente no necesita la aprobación de la Corte para enjuiciar a ex presidentes. Le bastan las leyes que hay.