Pero basta revisar un episodio para entender por qué Washington sostiene que en Sinaloa se impuso un gobierno al servicio de la delincuencia organizada
Entre las incontables baladronadas de Trump sobresale su amenaza de ayer porque no la improvisó, la llevaba escrita:
“La entrada de drogas por mar ha disminuido 97 por ciento y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros…”.
El amago surge mientras el gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue envuelto en la bandera de “la soberanía” y el rechazo a cualquier intervención directa de Estados Unidos en el combate al narcotráfico pese a ser éste una preocupación binacional.
La caída del ex vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, no es apenas otro episodio de descomposición institucional sino la evidencia del grado de putrefacción a que llegó el aparato de procuración de justicia con Rubén Rocha Moya.
El problema de fondo es que México le entrega argumentos todos los días al impredecible Trump.
Dos hechos han desatado aquí los impulsos patrioteros del oficialismo: la presencia de agentes de la CIA en el aseguramiento de los mayores narcolaboratorios que se han descubierto y la solicitud de captura con fines de extradición contra el ex gobernador y nueve de sus funcionarios y ex jefes policiacos.
“Pruebas”, exige Sheinbaum para no honrar el acuerdo de extradición con Estados Unidos, y denuncia “injerencia” por la participación de la CIA en un operativo exitoso contra el crimen organizado.
Ambos asuntos parecen explicar la nueva advertencia de Trump.
Pero basta revisar un episodio para entender por qué Washington sostiene que en Sinaloa se impuso un gobierno al servicio de la delincuencia organizada.
La figura del ex vicefiscal Dámaso Castro Saavedra remite al escándalo más vergonzoso del rochismo: el videomontaje que su Fiscalía fabricó sobre el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma del estado, Héctor Melesio Cuén. Se alteraron horarios, se acomodaron testimonios y se inventó la tesis de un intento nocturno de robo en una gasolinera para ocultar lo ocurrido la mañana del 25 de julio de 2024 en una finca de Huertos del Pedregal, en Culiacán, donde Joaquín Guzmán López tendió la trampa con que sometió, secuestró y entregó a Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada.
En el mismo sitio fue asesinado José Rosario Heras López, comandante ministerial estatal y guardaespaldas de El Mayo.
La Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz Manero a la cabeza, determinó el 20 de octubre de 2024 que el video presentado un par de meses antes por la narcofiscal Sara Quiñones Estrada y el narco vicefiscal Dámaso Castro era un burdo montaje.
Ese solo delito y la permanencia impune del ex vicefiscal en su cargo hasta antier bastan para entender por qué Trump vuelve a amenazar, por qué Washington exige capturas prontas con fines de extradición y extradiciones, y por qué resulta insostenible que el obradorato siga pataleando con el endeble argumento de que “falta de pruebas…”.
[email protected]
@CarlosMarin_soy
Minuto a minuto
