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En noviembre de 2014, como procurador general de la República, Jesús Murillo Karam informó que las investigaciones, testimonios y confesiones del caso Iguala apuntaban “al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula“.

La CIDH y el Estado mexicano acordaron ese mes sumar a los expertos independientes para: elaborar planes de búsqueda con vida de los 43 desaparecidos, estudiar técnicamente las líneas de investigación y analizar el plan de atención integral a las víctimas.

A finales de enero siguiente, Murillo llegó a la conclusión de que fueron privados de la libertad y de sus vidas, los cuerpos quemados hasta la carbonización en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan.

“Es la verdad histórica…”, dijo, pero el GIEI lo desmintió.

Ante el escándalo, en noviembre de 2015 Murillo corrigió esa frase, porque debió decir “la historia de los hechos” o la “teoría del caso”.

Como lo haya dicho, le llevó cuatro meses llegar a esa conclusión.

El GIEI lleva 11 meses y el senador Roberto Gil se pregunta: “¿Por qué no ha dado a conocer sus conclusiones…?”.

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