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Julián Andrade, con Jorge Carpizo coautor de Asesinato de un cardenal (Aguilar 2002), que desenmascara las mentiras del purpurado Juan Sandoval Íñiguez sobre la muerte incidental (no crimen deliberado y menos “de Estado”) de Juan Jesús Posadas Ocampo, recordó (Cuando López Obrador “mató” a Digna Ochoa), hace casi siete años, que la impecable investigación del suicidio de la abogada hecha por la Procuraduría capitalina, no la respetó el jefe de Gobierno (2001) Andrés Manuel López Obrador, por satisfacer a la porra que impulsaba la tontería de que un “escuadrón militar” y un cacique la habían “asesinado”.

“Crimen de Estado”, se cacareaba.

AMLO (recordó Julián) pidió a Rosario Ibarra y a Miguel Ángel Granados proponerle un fiscal especial, y designó a la magistrada Margarita Guerra, quien concluyó… lo mismo que la PGJ encabezada por el maestro Bernardo Bátiz.

La detallada investigación fue del subprocurador Renato Sales Heredia, hoy comisionado Nacional de Seguridad.

El breviario viene a cuento por otro apetitoso “crimen de Estado” que AMLO promete demostrar: el de Los 43 de Ayotzinapa…