El traslape de facultades entre este nuevo ente y la Agencia para la Transformación Digital ha sido observado puntualmente por Isaac Katz y Gerardo Flores, acuciosos compañeros de este diario
La extinción de siete órganos constitucionales es inminente. En un intento desesperado —y por lo mismo estéril— el Pleno del INAI emplazó al Senado de la República a reconsiderar sobre su desaparición, dados los efectos perniciosos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información gubernamental y la protección de los datos personales.
La supresión del IFT y la Cofece, además, viola los capítulos 18 y 21 del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que quedó obligado a garantizar el funcionamiento de un organismo independiente del Poder Ejecutivo para regular al sector telecomunicaciones y radiodifusión.
El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados reasignó las facultades institucionales para elaborar y conducir la política de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal, así como las tareas de regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos telégrafos y servicios diversos, de las que quedan marginados el IFT —por extinción— y también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
En el diseño original, la nueva Agencia de Transformación Digital absorbería esas funciones y también quedará a cargo de definir la capacidad satelital que se requiera, en su caso, de las personas concesionarias de recursos orbitales y de las autorizadas para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros para prestar servicios e el territorio nacional.
Advertidos del inminente incumplimiento de las obligaciones pactadas en el T-MEC en materia de telecomunicaciones, la mayoría morenista en San Lázaro concedió —a propuesta de Ricardo Monreal— la creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, un nuevo desconcentrado de la Secretaría de Economía.
El traslape de facultades entre este nuevo ente y la Agencia para la Transformación Digital ha sido observado puntualmente por Isaac Katz y Gerardo Flores, acuciosos compañeros de este diario.
Ayer, en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, fue aprobada la minuta sobre la simplificación orgánica, por lo que su discusión y votación en el Pleno de ese órgano legislativo es inminente. Y después —según reconoció el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila— vendrá el ajuste presupuestal para transferir los recursos asignados a los órganos autónomos a la tesorería de la Federación.
“Con la desaparición del IFT estaremos violando el T-MEC”, sentenció el senador panista Ricardo Anaya Cortés, “cualquiera que lea el capítulo 18 del tratado se dará cuenta y entonces después nos vamos a quejar de lo difícil que va a ser la renegociación cuando Morena en las cámaras está dándole argumentos a las otras partes”.
Efectos secundarios
¿REPRESALIAS? Juanita Guerra estuvo entre las aspirantes a la gubernatura de Morelos y eventualmente pudo haber competido por la alianza contra Margarita González Saravia. Una negociación de altísimo nivel le garantizó un escaño —fue postulada por el PVEM— y la presidencia de una comisión, a cambio de dejar el camino libre. Pero Adán Augusto López Hernández no reconoció ese acuerdo y ya decidió que la comisión de turismo sea para Morena, con el quintanarroense Eugenio Segura Vázquez.
DESENLISTADOS. Grupo Elektra anunció el inicio de la ruta que lo llevará, dentro de un mes, a una privatización, después de más de 30 años en la Bolsa Mexicana de Valores. Mantenerla como entidad pública —aseguraron voceros de la familia Salinas— no pudo reflejar su verdadero valor ni representar un beneficio para sus accionistas, quienes rotundamente se inclinan por privatizarla para reorganizarla y maximizar su valor alrededor de sus amplios activos tecnológicos, digitales y físicos, tanto nacionales como internacionales.
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