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Tres acusados ofrecen la ilusión de que la tragedia del transístmico está resuelta, se dio con los culpables y el expediente puede cerrarse hasta con moño.

La responsabilidad se concentra solo en trabajadores operativos y el sospechosismo se desata.

Ese tren fue presentado como emblema de modernidad, integración regional y eficiencia.

Justo por eso, el descarrilamiento exige una revisión integral, no una cacería selectiva.

De los tres acusados van dos detenidos: el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez y el“despachador” Ricardo Mendoza Cerón (falta por ser capturado el conductor Jesús Díaz Gómez).

La Fiscalía General de la República les imputa los delitos “homicidio culposo y lesiones culposas” por la muerte de 14 pasajeros y provocar heridas a 98.

El principal responsable, según la acusación, es el maquinista Canteros por correr a ridículos 65 kilómetros por hora en la curva de la desgracia cuando el límite de velocidad es de 50.

No se requiere pericia para deducir que en la estructura de mandos administrativos y operativos, en la “habilitación” (silvestre) de las locomotoras y los vagones chatarra, en el uso de un trazado de vías que Porfirio Díaz inauguró en 1907 y entre políticos que intervinieron en el proyecto y la obra (“supervisada” por el junior presidencial Gonzalo López Beltrán) hay otros responsables que permanecen impunes.

Fue tanta la prisa por cerrar el caso que uno de los ya encarcelados es por completo inocente: el “despachador” Mendoza Cerón.

No desempeñaba funciones de tripulante ni tenía capacitación para conducir un tren, viajaba en el ferrocarril para un recorrido de reconocimiento que le ordenaron sus jefes. Era su segundo viaje, carecía de facultades para tomar decisiones técnicas durante el trayecto y no tenía preparación y autoridad para decidir sobre la velocidad y otras maniobras.

La tragedia tiene nombres y apellidos, pero el mensaje es claro: que la identidad de los culpables no escale la pirámide, como si la realidad no fuera más compleja que licencias caducadas y la ausencia de un pinche velocímetro.

La investigación puso la lupa en los de abajo y un telescopio invertido a los de arriba.

Nadie discute que un conductor debe respetar los límites de velocidad o que los protocolos existen para cumplirse. Lo llamativo es que la indagatoria se agote tan pronto en el eslabón más débil sin que asomen respuestas sobre capacitación, mantenimiento, supervisión, control interno y decisiones administrativas previas.

¿El tren estaba en condiciones óptimas? ¿Funcionaban los sistemas de medición? ¿Se hicieron inspecciones recientes del tramo?

Técnicos y operadores en la mira, directivos y jerarcas fuera de cuadro. Los errores son individuales, las decisiones nunca.

¿Acaso el tren se diseñó solo, se “modernizó” solo, se reglamentó solo?

Los sistemas fallan en conjunto, pero el patrón endémico del obradorato es no inmiscuir, no tocar, no rozar ni mortificar a sus irresponsables machuchones…