La austeridad republicana, una de las principales banderas de la Cuarta Transformación, ha tenido múltiples efectos. Uno de los más perniciosos es que frenó abruptamente el relevo generacional entre los mandos medios y superiores de la administración pública federal, por la cancelación de plazas.
Las contrataciones y las basificaciones sólo han tenido una expansión notable en tres áreas: el sector educativo —recientemente el SNTE logró que el gobierno federal concediera 95,000 plazas a docentes, este año—, el sector salud y las fuerzas de seguridad pública.
En estas últimas, los programas de reclutamiento son permanentes. Para la Guardia Nacional, sin duda, pero también para otras corporaciones, como el Servicio de Protección Federal, también adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tan sólo en Campeche —como recién anunció la gobernadora Layda Sansores— la meta es contratar 1,200 nuevos elementos.
Paradojas de la 4T: las plazas disponibles en las fuerzas federales están originadas en los despidos de los elementos que pertenecían a la extinta Policía Federal Preventiva, a quienes se les rescindió el contrato por no haber aprobado los exámenes obligatorios.
El cúmulo de demandas laborales por despidos injustificados apenas se disipa. En estas materias, debe recordarse que el procedimiento para separar a una persona servidora pública de carrera se encuentra previsto, desde 2007, en el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el cual prevé mecanismos específicos para salvaguardar sus derechos.
De acuerdo con la norma —artículos 77 al 81 del Reglamento de la Ley— cada institución debe realizar una valoración a fin de determinar si es justificado o no el incumplimiento de obligaciones de una persona servidora pública para dejar sin efectos su nombramiento, este procedimiento se realiza mediante los órganos colegiados de las instituciones denominados Comités Técnicos de Profesionalización.
No existe ningún procedimiento nuevo para liberar plazas.
De acuerdo a la SFP, los registros del Subsistema de Separación que operan las instituciones del SPC muestran que la principal causa de separación de las personas servidoras públicas de carrera es la renuncia, cuyo promedio de 2019 a 2021 corresponde a cerca de 88 por ciento. Actualmente, existen 25,675 puestos de carrera distribuidos en 76 instituciones, todos ellos corresponden a las características que señala la Ley para ser parte del SPC. El resto se encuentran en otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, 91% de los puestos de la APF pertenecen a los grupos operativos, categorías médicas, militares, y del servicio exterior, que también cuentan con mecanismos específicos de profesionalización.
Efectos secundarios
TRASLADOS. Una veintena de programas federales que se quedaron sin asignación presupuestal en el 2022 y/o que fueron reclasificados por la Secretaría de Hacienda están próximos a desaparecer, lo que derivará igualmente en cambio de atribuciones en Telecomm y la Financiera para el Desarrollo Nacional. Pero no sólo se trata del financiamiento para los productores agropecuarios. En la Secretaría de Hacienda está planteada una reingeniería profunda de la banca de desarrollo, sobre todo por las ingratas sorpresas que han encontrado en Nafin y Bancomext.
RELEVOS. Por el escritorio de Thalía Lagunas Aragón han pasado sendas renuncias de titulares de unidades de administración y finanzas de dos secretarías de Estado: Víctor Martínez Bolaños salió de Sedatu para irse al Indaabin en lugar de Mauricio Márquez Corona, quien ahora es integrante de la Junta de Gobierno del Inegi. La vacante fue ocupada por Armando Zazueta, exdelegado de los programas federales en Jalisco. En Gobernación está en ciernes otro ajuste…
TARDANZAS. Han pasado dos semanas del Quinto Informe del gobernador del Estado de México y las bases priistas están a la espera de que surja humo blanco de Casa de Gobierno. El silencio de Alejandra Del Moral resulta enigmático, por decir lo menos, mientras que algunos apuntan a los pasos que daría Ana Lilia Herrera, si no fuera la propuesta del PRI para la contienda del 2023. Y en el camino hay dudas sobre las decisiones que tomarían Arturo Montiel y Eruviel Ávila. Mientras, las dirigencias nacionales de los partidos que participan en Va por México tienen suspendidas las negociaciones, que por ahora sólo han avanzado en el plano local.
