TP-01, ¿remate imposible?

Ídolo universitario pero aviador militar malogrado, el empresario Russell Dise intentará una jugada de poder —como en el hockey sobre hielo— para adquirir la flota aérea del gobierno mexicano, que incluye al Boeing 787 Dreamliner y una docena de helicópteros de última generación.

La venta del avión presidencial TP-01 José María Morelos fue una de las promesas de campaña de AMLO, pero incluso la administración saliente analizó la viabilidad financiera de esa acción. El estudio de factibilidad de mercado fue elaborado por la firma inglesa Ascend, especializada en compra y venta de aeronaves, hace tres años, por encargo de Banobras.

El Boeing 787 matrícula MSN 40695 adquirido por la Fuerza Aérea fue catalogado como un Blizliner, un jet ejecutivo de fuselaje ancho configurado para uso privado en lugar de uso comercial que por definición cuenta con un menor número de asientos disponibles que el de una aerolínea comercial de pasajeros e incluye secciones de cabina especializadas.

“Recomercializar y vender con éxito un Bizliner de fuselaje ancho puede ser particularmente difícil”, señalaba el estudio —cuya versión pública fue entregada por el banco en respuesta a una solicitud de información— que calculaba dos años para cerrar la operación de compraventa, pues este tipo de aviones tiene un mercado más restringido, principalmente por la configuración de la cabina interior, ordenada por el gobierno mexicano.

“Una configuración altamente personalizada probablemente no se venderá en su forma actual y, por lo tanto, se requerirá un descuento por el costo de readaptación o incluso para un remplazo total”, estimaron los valuadores ingleses.

“Este avión específico es de los primeros en la línea de producción (Número de Línea: LN-6), además de ser una exaeronave de Boeing para vuelos de prueba. Esto se traduce en que tiene un mercado más limitado, ya que muchas aerolíneas no estarían interesadas en incluir este ejemplar atípico a sus flotillas. Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave —pero éste sería un mercado extremadamente limitado, advirtieron, “un escenario de mayor beneficio sería tratar de recomercializar la aeronave en su configuración actual”.

Apenas el pasado viernes 31 de agosto, López Obrador anunció que JetLease había manifestado interés por adquirir la flota de aviones y helicópteros utilizados por el Ejecutivo mexicano, aunque omitió dar más detalles o aludir a la anterior oferta, de Jiménez-Pons.

En el escritorio de César Yáñez-Centeno Cabrera, coordinador de Política y Gobierno del presidente electo, están las carpetas de Russ Dise —a quien apodaron Zorrillo en su época de patinador y luego ganó notoriedad como socio de la firma PBI Executive, especializada en la compraventa de inmuebles de lujo en el sur de Florida— y del empresario mexicano, hijo del actor infantil y productor de cine Jaime Jiménez-Pons, cuyo core business también son los bienes raíces.

Con tres décadas en el mercado, JetLease presume ser la arrendadora de naves de ese tipo más grande del mundo. En archivos de las cortes estadounidenses consta, en efecto, que la empresa está dedicada a la venta, arrendamiento y financiamiento de aviones. Dise —su accionista mayoritario y presidente del consejo de administración— recientemente incursionó en el segmento de la aviación militar, con la correduría de helicópteros Black Hawk, de fabricación rusa.

Dos semanas antes, a nombre de GBS Air Enterprises y sus socios comerciales, Jiménez-Pons había hecho pública su intención de adquirir el TP01 José María Morelos y Pavón. ¿Su as bajo la manga? El precio actual de la aeronave —un demo del 787-Dreamliner comprado por Aeroméxico a Boeing hace casi una década— sería de apenas 1,800 millones de pesos, no obstante que su valor de adquisición fue de 218.7 millones de dólares, incluyendo la instalación de sistemas, la ingeniería, las adecuaciones de estructura, el equipamiento de cabina, las certificaciones y un paquete de refacciones.

Si GBS Air Enterprises se hiciera de la nave, comunicó Jiménez-Pons, AMLO tendría un trato preferencial para rentarla y así poder cumplir con sus compromisos internacionales. “Creemos firmemente que nuestro país y su mandatario deben estar debida y dignamente presentados durante estos viajes”. ¿Trato VIP para AMLO? Sí, pues sólo cubriría los gastos de vuelo y operación.

En su misiva, el empresario mexicano también consultó al presidente electo sobre el hangar presidencial —remodelado hace tres años por la Sedena, tras la erogación de 2,000 millones de pesos— “a fin de mantener la aeronave en dicho espacio y subcontratar los servicios del personal de mantenimiento, en caso de que fuera aceptada la oferta de cubrir los traslados presidenciales al extranjero”.

“También nos interesaría representar para su venta en México y el extranjero el resto de la flota de aeronaves utilizados por la Presidencia”, concluyó.

Los primeros dos postores por el avión presidencial que no usará AMLO salieron a la luz pública. El avalúo de Ascend le asignó, para enero del 2016, un precio de 163.2 millones de dólares. Para enero del 2017 alcanzaría 152.7 millones de dólares y para enero del 2019, 142.4 millones de dólares.

O lo que es lo mismo: si la aeronave se vendiera en 24 meses, el valor pronosticado de la pérdida con respecto a su valor de adquisición podría ser menos, 65.9 millones de dólares; y en 36 meses, a 76.2 millones de dólares menos de su costo de compra. Y el tiempo avanza, inexorablemente…