La creciente violencia y la explicable demanda de seguridad es el contexto en que ayer se dio el primer acto de procuración de justicia del nuevo gobierno con la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala, el caso criminal de mayor impacto desde las matanzas de Huitzilac, Tlatelolco y jueves de … Continued
La creciente violencia y la explicable demanda de seguridad es el contexto en que ayer se dio el primer acto de procuración de justicia del nuevo gobierno con la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala, el caso criminal de mayor impacto desde las matanzas de Huitzilac, Tlatelolco y jueves de Corpus con el halconazo.
No es para menos, ya que persisten dudas, reclamos y sospechas acerca del destino que tuvieron los 43 normalistas desaparecidos a finales de septiembre de 2014.
Aunque Luis Raúl Gonzalez Pérez dijo ayer que la CNDH que preside no avala la irritante “verdad histórica”, lo cierto es que su recomendación de la semana pasada nada más… la corrobora, pues afirma que en el basurero de Cocula fueron quemados (hasta su carbonización) los restos de al menos 19 personas.
De lo que se trata con la comisión, cuyos trabajos coordinará el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, es de agotar toda línea y todo indicio sugeridos por los organismos internacionales y los deudos de Los 43, a fin de que a ninguna institución ni servidores públicos del nuevo gobierno se les pueda imputar negligencias o encubrimientos.
Será difícil, si no es que imposible, satisfacer los apetitos de quienes a como dé lugar han pretendido responsabilizar a instancias federales del tumultuario y estrujante crimen.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, por ejemplo, celebró hace pocas semanas la puesta en libertad de algunos de los más despiadados asesinos materiales confesos y, en la víspera de la instalación de la comisión decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró a La Razón: “Que se investigue a los militares, la intervención de la telefonía celular, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago y la detención de policías federales; son las cuatro líneas que se tienen que agotar” porque, según él, en el gobierno de Peña Nieto se protegió “la participación del Ejército, pero nosotros estamos seguros de que ellos saben mucho y tienen que declarar también”.
Y de la Policía Federal afirmó que “está más que comprobado que los federales participaron en la detención de 25 jóvenes en el puente del Chipote, quienes fueron llevados a Huitzuco para que el patrón los recibiera…”.
En rigor, el traje a la medida que los impugnadores de la triste realidad quieren que les confeccione la instancia creada este lunes, requiere de la fabricación de culpables para satisfacer los apetitos de quienes han hecho del caso una causa política.
La torpedeada contribución del ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, o sea el rescate de miles de fragmentos óseos en el río San Juan, corroborada ya por la CNDH, permitió la identificación en Austria de dos de los muchachos, y su procedencia, puesta en duda por el equipo argentino, no es otra que el basurero de Cocula…
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