La provocación empezó cuando un diputado lacayo de la 4T, a quien los contribuyentes mantenemos como supuesto militante del mercachifles Partido Verde Ecologista, coló a última hora en San Lázaro el abusivo remiendo “legal” (la ley fue ya promulgada), pero aviesamente inconstitucional
Si se profundiza en el problema generado por el artículo transitorio de la Ley del Poder Judicial federal que, contra el límite constitucional de cuatro años amplía dos más la gestión del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente del Poder Judicial de la Federación, lo sensato será que el pleno de la Suprema Corte de Justicia ni siquiera se ocupe de tratar el tema y resolver si ese atentado a la Carta Magna es o no constitucional.
En vez de enmarañarse con tediosas disquisiciones en el asunto que tanto escandaliza en los círculos jurídicos, y estremece y preocupa en los políticos, bastará que los 11 ministros discutan el verdadero meollo: si la titularidad de uno de los poderes de la Unión puede ser impuesta por cualquiera de los otros dos, como es el caso.
La provocación empezó cuando un diputado lacayo de la 4T, a quien los contribuyentes mantenemos como supuesto militante del mercachifles Partido Verde Ecologista, coló a última hora en San Lázaro el abusivo remiendo “legal” (la ley fue ya promulgada), pero aviesamente inconstitucional.
Ese demencial transitorio fue aprobado tal cual y de manera irresponsable por la mayoría diputadil morenista y lo mismo hicieron sus contlapaches en el Senado, a pesar de que el artículo 97 de la Constitución, en su párrafo quinto, dispone: Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
A diferencia de otros preceptos factibles de interpretación, la literalidad del transcrito no deja duda sobre el tiempo de duración de la presidencia de la Corte ni (y esto es lo más importante) de quienes tienen la facultad exclusiva de designar al titular. En cuanto que el aberrante parche se gestó y aprobó en el Poder Legislativo y ha sido respaldado reiteradamente por el presidente López Obrador, cabeza del Poder Ejecutivo, es claro que se intenta despojar de sus derechos de elección a los ministros pero, con que se circunscriban a este único punto, resolverán por default el enigma Zaldívar, liberando al constitucionalista de la bochornosa carga que significa la pretensión de la 4T de tratarlo como prometedor achichincle del Presidente de la República.
Por eso tal vez el propio jurista informó que impulsará una consulta con sus pares, a fin de resolver su dilema. Esperó hasta que el Diario Oficial de la Federación publicara (este lunes) la reforma a la ley del PJ para salir al paso de las especulaciones, advirtiendo que “a lo largo de mi trayectoria he defendido la Constitución y los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración”, lo cual deja entrever que no permitirá que los otros dos poderes impongan al Judicial un procedimiento ajeno a la voluntad independiente y autónoma de los integrantes del pleno de la Suprema Corte, sobre todo porque se compromete a que “el Poder Judicial seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia…”.
Minuto a minuto
