Temporada perdida

Desfasados del centro, los quintanarroenses reciben diariamente el reporte de incidencias del Covid-19 a las 6:00 de la tarde. Pero el pasado jueves 9 —justo un día después de que el subsecretario Hugo López-Gatell revelara que existen al menos 25,000 contagiados por el coronavirus—, el gobernador Carlos Joaquín González acudió a una emisión especial del programa radiofónico Conexión Ciudadana, al que se enlazaron todos los medios electrónicos de aquella entidad.

“Estamos en la etapa de dispersión comunitaria”, resolvió el mandatario aliancista, con apenas 159 casos confirmados, pero 12 defunciones y la tasa de letalidad más alta del país (0.70, mientras que la media nacional es 0.15). Activada la fase 3, las autoridades estatales desplegaron un plan de atención, al margen de los dictados federales.

Quintana Roo cerró sus playas, pero el aeropuerto internacional de Cancún desplazó a decenas de turistas estadounidenses que desembarcaron de los cruceros, en los primeros días de la pandemia, y hace dos semanas alcanzó a despegar el último vuelo rumbo a Ezeiza, con argentinos repatriados por el gobierno de Alberto Fernández.

Poco a poco, los gobernadores han rebasado al zar del coronavirus en México, quien después de su plática con Richard Ensor reproducida en Medium, entró en una zona de turbulencia. Y más, luego de su unilateral y sorpresiva revelación sobre los contagios estimados, en vísperas de la Semana Santa.

Hasta entonces habían pasado seis semanas desde el primer caso de Covid-19 en México. En Quintana Roo ocurrió la primera confirmación justo hace un mes. El inicio de la fase 2 a nivel nacional fue declarado hace 21 días.

Algunos gobernadores, como Joaquín González, el jalisciense Enrique Alfaro, el nayarita Antonio Echevarría y el coahuilense Miguel Riquelme habían anticipado medidas más estrictas para contener la movilidad y conjurar contagios. En Puebla y Sinaloa —donde más fallecimientos por Covid-19 han ocurrido, después del Valle de México— no habían llegado a tales extremos.

El modelo centinela, adaptado por López-Gatell para Covid-19, había pronosticado el fin de la fase 2 para mediados de abril. La Jornada Nacional de Sana Distancia daría paso a la fase 3.

A finales de marzo, el equipo de técnicos que atiende la contingencia reveló los parámetros de su “escenario 3”: la tasa de ataque del virus sería de 0.2% —el doble de lo registrado en Hubei, a la mitad de la pandemia—, lo que afectaría a 250,000 personas, 70% de las cuales (175,000) buscarían atención médica. Los datos de otros dos escenarios —más severos— no han sido divulgados.

La propaganda, sin límites, pero los datos duros, a cuentagotas. En ciernes, la fase 3. Y visibles, los centros urbanos donde los contagios podrían desbordar al cerco sanitario. Monclova y Tijuana son las primeras grandes ciudades con brotes especialmente mortales y sospechas fundadas de los malos manejos de las unidades hospitalarias del IMSS. Si así fue la fase 2, ¿qué nos espera cuando llegue el aumento en los casos, consecuencia de la transmisión comunitaria del SARS-Cov-2? En medio, la parálisis del aparato productivo.

El distanciamiento social era la única opción para evitar una propagación inmanejable. Las pérdidas del primer mes del parón económico serás absorbidas por la Iniciativa Privada, mientras que el gobierno federal adelanta el pago de las subvenciones a los afiliados a los programas para el bienestar. El cierre obligado de pequeñas y medianas empresas amenaza con un desempleo masivo. Y el retorno pleno a las actividades académicas y productivas deberá esperar hasta el verano, según los escenarios planteados por los técnicos.

Las medidas gubernamentales para mitigar el impacto del cierre a la planta productiva siguen sin darse a conocer. Y esa es la mayor incertidumbre. Los altos niveles continuos de infección, el creciente número de muertes y la nueva evidencia de que el coronavirus se está extendiendo a partes menos pobladas del país, todo sugiere que una reapertura rápida puede no ser factible.