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La desdichada figura de los “actos anticipados de campaña” ha introducido en la democracia mexicana una forma de simulación e inequidad equiparables a lo que conocimos en México durante la hegemonía del PRI como tapadismo.

Ninguno de los aspirantes a la Presidencia podía presentarse entonces públicamente como tal: era acusado de “futurismo” e interfería con la hegemonía presidencial, dueña del proceso en el PRI, que era el partido hegemónico de México: tenía la mayoría absoluta en el Congreso, las gubernaturas de todos los estados del país, y el gobierno de la Ciudad de México, donde gobernaba un regente, designado por el Presidente.

No solo los aspirantes del PRI respetaban esas reglas de inmovilidad política. También, por contagio, lo hacía la oposición, que postulaba sus candidatos más o menos en los mismos tiempos que el presidente priista hacía su “destape”, al final de su quinto año de gobierno.

La primera ruptura de esas reglas fue la de Cuauhtémoc Cárdenas y la Corriente Democrática, que se perfilaron como una alternativa de competencia interna por la candidatura del PRI desde agosto de 1986.

La competencia interna no fue admitida, el presidente De la Madrid destapó a Carlos Salinas de Gortari en octubre de 1986 y Cárdenas salió entonces del PRI para lanzar su candidatura independiente por una coalición de partidos hasta entonces satélites del gobierno.

La segunda ruptura de los tiempos del tapadismo priista fue la de Vicente Fox, que empezó a plantear su candidatura presidencial tres años antes de la elección, en 1997, siendo todavía gobernador de Guanajuato.

Su anticipación le permitió ganar con holgura la candidatura presidencial del PAN, en 1999, y luego la Presidencia, en el año 2000.

Estos dos momentos sellaron la muerte del tapadismo priista y abrieron el país a la competencia democrática. Luego, por la puerta de atrás, inadvertidamente, la legislación democrática introdujo una suerte de nuevo tapadismo bajo la figura de los “actos anticipados de campaña”, demostrando con ello, involuntariamente, que las costumbres políticas profundas son más difíciles de transformar que las leyes que pretenden cambiarlas.

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