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Entre febrero y mayo de este año, en Tamaulipas se acumularon reportes sobre 28 personas abducidas por comandos de personas ataviadas —de acuerdo con los testimonios de testigos y familiares— con uniformes similares a los que portan los oficiales de la Secretaría de Marina desplegados en aquella entidad a petición del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.

A partir de esas denuncias, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación y por una petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el alto mando de la Semar retiró a los elementos desplegados en territorio tamaulipeco y ordenó su traslado a la Ciudad de México, para iniciar una investigación interna y —en su caso— deslindar responsabilidades.

Peor, imposible. De la cautela, la Armada tuvo que pasar a la discreción en sus operativos en aquella entidad del norte de la República y fue obligada a un repliegue de sus fuerzas de tarea, en medio de acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos en un territorio donde las emboscadas a las fuerzas federales son intermitentes y han provocado importantes bajas en las tropas.

Esta espiral violenta ha generado efectos perniciosos. La estrategia de desinformación del crimen organizado en la llamada frontera chica ha permeado a niveles inéditos. Es claro que para conseguir el control del territorio que disputan, los cárteles comparten el objetivo de expulsar a las Fuerzas Armadas, a través de la cooptación de las autoridades locales y el acoso a los funcionarios civiles y policiacos.

Ahora es la PGR la que debió replegarse, luego de que policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de desaparición forzada fueran acechados y atacados a balazos en Nuevo Laredo.

El interés por desacreditar a las autoridades que buscan restaurar el orden es evidente. Lo que no está claro es quién se va a encargar de cuidar a los tamaulipecos, si la Marina y la PGR no tienen capacidades operativas en ese territorio sin ley.

Malas noticias se acumulan en el área de combate al crimen organizado. Allí están también las sentencias de la acción de inconstitucionalidad 10 y acumulada 11/2014, publicadas el pasado martes 26 de junio, que declaran la invalidez de varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el 242 referente a los aseguramientos de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras y el 249 sobre el aseguramiento por un valor equivalente.

En ambos casos, el ministerio público ya no lo podrá hacer de manera autónoma, sino que lo tendrá que solicitar al juez de control. Otros temas relevantes de esta acción son la inspección de personas y vehículos, la detención en flagrancia por delitos que requieran querella, la geolocalización en tiempo real, el resguardo domiciliario como medida cautelar, la  duración de las medidas cautelares y el arresto hasta por 15 días como medida de apremio.

Entre los juristas analizan los alcances de esta resolución de la SCJN, pues las acciones de inconstitucionalidad son retroactivas en materia penal conforme al artículo 45 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional.

EFECTOS SECUNDARIOS

PRIMER NIVEL. El viernes, en la casona de la calle de Chihuahua en la que despacha desde hace un mes, Andrés Manuel López Obrador recibirá a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, así como a los secretarios Mike Pompeo, de Estado; Steven Mnuchin, del Tesoro, y Kirstjen Nielsen, de Seguridad Interior de Estados Unidos. Los temas de este primer acercamiento entre la administración Trump y el candidato ganador serán TLC, desarrollo económico y migración… ¿y el muro?

DESPEDIDA. Oficialmente, Esteban Moctezuma Barragán dejó la presidencia de Fundación Azteca, después de 18 años al frente. En el mensaje de despedida, difundido por Ricardo Salinas Pliego a través de las redes sociales, el mandamás de la televisora del Ajusco le atribuye gran parte del éxito de iniciativas como las orquestas Esperanza Azteca y las iniciativas Limpiemos Nuestro México, Movimiento. “Ahora continuará trabajando, desde el sector público, en favor del tema más importante para el futuro de México: nuestro sistema educativo. Los niños y jóvenes mexicanos merecen una educación de calidad mundial”, sentenció el empresario.

INSUFICIENTES. Más de 1,000 millones de pesos destinará Petróleos Mexicanos para renovar los equipos de bombeo para extraer aceite en la zona de norte del país. El contrato de la licitación PEP-CAT-S-GSP-00025783-17-1 fue asignado a Servicios Integrales Gama, pero ahora mismo está en curso una investigación, ya que esa proveedora habría presentado documentación falsa o errónea para cumplir con un requisito elemental de la licitación: que los equipos fueran fabricados en el 2014 o en fecha posterior, detalle que pareció no preocupar a los funcionarios de la subdirección de Bloques Norte, encabezada por José Luis Fong, pero que ahora es investigado por la Unidad de Responsabilidades de la empresa productiva del Estado, según consta en el expediente 2018/PEP/DE309.

IMPRESIONES. Julio Antonio de Regil Abdala trabajó para la Comisión Federal de Electricidad entre junio del 2014 y diciembre del 2015 y actualmente —de acuerdo con el vocero de la empresa productiva del Estado— no tiene relación laboral alguna desde hace más de dos años y medio. Pero integrantes del sindicato de electricistas indican que el empresario poblano tiene una presencia constante en el edificio de Río Rodano y más precisamente en la dirección de administración, que encabeza Héctor de la Cruz.