Sospechoso que el recomendado de la consejera presidente desentierra la acusación de hace cuatro años y se enterca en sancionar a las consejeras electorales
El pasado septiembre, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Hugo Carvante, acusó a las consejeras electorales por haber pausado la propuesta presidencial de revocación de mandato por falta de recursos presupuestales, aparente vendetta que deja correr la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, quien recomendó a Carvante.
¿Por qué la vendetta? Porque la denuncia la presentó hace cuatro años el entonces representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, como reclamo del expresidente López Obrador, disgustado por la negativa a cumplir su capricho de adelantar la revocación de mandato. No prosperó, pero, como auditoria que nunca cierra, ahí se quedó.
Muy sospechoso que el recomendado de la consejera presidente desentierra la acusación de hace cuatro años y se enterca en sancionar a las consejeras electorales. ¿Es tanto el afán de complacer que no le importa traicionar el principio de la libertad de expresión en un órgano colegiado como el INE?
Guardia, lo que no fue no será
Aunque no tenga la menor importancia la opinión de quien esto escribe, obliga reconocer el entusiasmo con que recibió en marzo de 2019 la creación de la Guardia Nacional del expresidente López Obrador, pues habría una policía civil nacional, como los carabinieri italianos y la gendarmería francesa que asisten a las policías de las pequeñas comunidades.
Ha sido aprobada la iniciativa de que el Senado apruebe a sus mandos, como ratifica a los de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual confirma la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército.
No importaría, pues los carabinieri y a gendarmería dependen de autoridades militares y, aun así, asisten a las policías de las pequeñas comunidades, sino porque en los hechos, a los guardias nacionales les asignan el rol de “tropa auxiliar” del Ejército.
Uruguay: ley de muerte digna
La aprobación de la ley de “muerte digna” en Uruguay ha animado aquí a promover una ley similar, a pesar de que promueve una cultura que hace desechables a las personas y convierte en obligación lo que es una decisión del ámbito familiar en privado.
Dos argumentos en contra. Uno. Hace unos años, un adulto sesentón fue internado en el ISSSTE. En su recorrido el director del hospital encontró que se le haría una operación de corazón y ordenó que no se efectuara, por la edad del paciente, dio contraorden hasta que le explicaron que su hijo era uno de los mejores médicos del hospital.
Dos. Hace poco se aprobó en ley similar en el Reino Unido, a pesar de que muchos médicos advirtieron que se generaría una cultura de muerte en los hospitales y, con pacientes ancianos tomarían la decisión por los pacientes.
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