Será la sustitución catastrófica de un Poder Judicial que funciona mal por un experimento que destruirá lo que funciona, para entregar las ruinas al control político del gobierno
La reforma judicial pinta para ser otra de las sustituciones catastróficas de la llamada cuarta transformación.
Como en el caso del sector salud, con la invención del Insabi y la extinción del Seguro Popular, el gobierno propone sustituir un Poder Judicial que funciona discutiblemente por algo que puede no funcionar en absoluto.
Es un experimento ciego: reinventar todo el Poder Judicial, mediante despidos al azar y elecciones de todos los nuevos jueces y magistrados.
Esto nunca se ha intentado en el mundo, salvo en Bolivia, con resultados desastrosos, y no hay siquiera un reglamento de cómo proceder.
Lo van a inventar todo desde el principio.
México tiene una experiencia larga en organizar elecciones con candidatos de partidos políticos y distritos electorales creados para eso.
No hay precedente de cómo ajustar la organización electoral vigente a la realidad de los distritos judiciales y a unas elecciones de candidatos “independientes”, pues deberán sufragar su campaña con su propio dinero y no podrán recibir dinero público ni apoyo de partidos políticos para sus campañas.
Se han hecho cálculos de la sobrepoblación de candidatos que habrá en esa nueva realidad de distritos judiciales electorales. En Ciudad de México, calcula Carlos Elizondo, habrá que elegir 187 puestos entre mil 179 candidatos.
Las boletas de votación tendrán tantos candidatos que, según un ejercicio de lo que sería la votación real, el votante puede tardar hasta nueve horas en llenarlas.
La dificultad es parte del cálculo político de la reforma. Al final, el gobierno meterá la mano en el río revuelto, Morena acabará poniendo a la abrumadora mayoría de los candidatos y Morena y el gobierno se encargarán de que ciudadanos, iluminados por su conocimiento de nombres que nadie conoce, voten por los ganadores.
Será la elección más cara de nuestra historia. Costará casi 13 mil millones de pesos, 40% más que la de 2024, a lo que habrá que sumar 8 mil millones para indemnizar a los jueces y magistrados despedidos.
Será la sustitución catastrófica de un Poder Judicial que funciona mal por un experimento que destruirá lo que funciona, para entregar las ruinas al control político del gobierno.
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