Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Federal Electoral, publica en la edición de febrero de la revista Nexos un recuento, a mi juicio extraordinario, de las grandes avenidas de la corrupción mexicana. Una de esas avenidas son las campañas electorales. Cito a Ugalde: ¿Qué tan caras son las campañas? Según un estudio coordinado por … Continued
Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Federal Electoral, publica en la edición de febrero de la revista Nexos un recuento, a mi juicio extraordinario, de las grandes avenidas de la corrupción mexicana.
Una de esas avenidas son las campañas electorales. Cito a Ugalde:
¿Qué tan caras son las campañas? Según un estudio coordinado por Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las campañas cuestan varias veces más que los topes que la ley establece*.
En este 2015 el tope para una campaña de diputado federal será de 1.2 millones de pesos. La realidad es que el costo promedio de una campaña de diputado federal en zonas urbanas puede llegar a los 10 o 12 millones.
El tope de campaña de senador varía en el rango de 2.2 a 22.4 millones (según el tamaño de la entidad). Sin embargo, su costo real es superior a los 20 millones, en un estado de tamaño mediano.
Las de gobernador varían según la entidad. En Colima o Tlaxcala el tope legal ronda los cinco millones de pesos; en el Estado de México fue de 203 millones en 2011. Según toda la evidencia anecdótica recopilada, incluido el testimonio de ex gobernadores, una campaña ganadora de gobernador requiere entre 400 y 700 millones.
Las campañas se fondean con desvío de recursos públicos y con aportaciones de otras fuentes: contratistas que quieren asegurar negocios con el nuevo gobernador o el nuevo alcalde; constructores que quieren ganar licitaciones de obra pública a modo; hoteleros, antreros o comerciantes que quieren permisos de uso de suelo, concesiones, otros permisos. Un aportador no infrecuente, lo sabemos ahora, es el crimen organizado (“La democracia multiplicó la corrupción”, Nexos, febrero 2015).
Más que la competencia de los mejores candidatos, la democracia mexicana es una subasta entre postores que juegan con fondos ilegales.
*Ver Luis Carlos Ugalde, coordinador, “La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012. Impacto sobre la composición y ejecución del gasto público”. Sitesa e Integralia, 2014. Disponible en www.integralia.com.mx
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