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El sospechoso fallo del juez séptimo de distrito en Quintana Roo, Darío Alejandro Villa, sobre el escandaloso aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad, se perfila con todos los de su autoría relacionados con delincuencia organizada para que intervenga el Consejo de la Judicatura Federal, facultado de vigilar y disciplinar a los juzgadores.

Sus consideraciones, por fortuna, no son las oficiales del Poder Judicial, ya que, en todo caso, el juez de amparo que tramita el juicio habrá de valorarlas, no son vinculantes ni lo obligan a resolver en el mismo insensato sentido.

De colección es la tontería de que la orden de cateo concedida a la Seido fue solo para “el inmueble” del First National Security en Cancún, pero no para “las cajas ahí resguardadas”.

El juez que lo ordenó dio autorización expresa de fracturar cerraduras, aun dentro de los espacios ocultos en las instalaciones.
Delirante suponer que se catee una casa, se localice una caja fuerte y que, por ignorar la identidad del propietario, la policía se salga sin antes reventarla.

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