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Finalmente, los trabajadores del Poder Judicial reubicados en la obra inconclusa llamada Ciudad Judicial, fueron atendidos por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, luego de que había hecho caso omiso para que otorgara dignidad al trabajo de sus colegas y compañeros, ya que en la primera parte de esa obra no existen las condiciones mínimas para laborar.

Presionada por los medios, la actitud de la sociedad que la responsabiliza del mal servicio en los juzgados y de las asociaciones de abogados, la presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, atendió a los afectados.

Debe hacerse notar que envió su apoyo la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, que encabeza Alberto Woolrich Ortiz, al precisar que “se solidariza fraternamente con los integrantes del Gremio Jurídico Unido que buscan conceder dignidad a las instalaciones de impartición de justicia”.

Es decir, los trabajadores del Poder Judicial del norte de Veracruz no están solos, hay un gremio de sólida formación que los impulsa a seguir su lucha con solidaridad.

Lo anterior habla de las repercusiones del caso que llegan a los gremios similares más importantes del país y seguirán avanzando en su lucha los abogados que buscan dignificar su diaria tarea.

La presidenta del Tribunal mostró, en todo momento, su desplante prepotente tanto con los abogados inconformes, en la mesa de trabajo, como con los periodistas a quienes atendió de manera grosera, cuestionándolos para ver si tenían suficiente información sobre el caso.

Informó, tanto a los afectados como a los medios que la próxima semana hará una visita a las instalaciones para darles solución inmediata, aunque no dejó de defender su punto de vista, afirmando que se trata de una molestia pasajera y que el edificio empezará a construirse este mes y es casi el triple del que ahora existe, por lo que, en este momento, sólo se asignaron tres juzgados. La intención, reiteró, era dejar de pagar la renta de 70 mil pesos, para aplicar ese dinero a las nuevas instalaciones. Cuando en realidad se trata de una cantidad mínima que en nada soluciona el problema del gasto de millones de pesos cuya dudosa aplicación sigue siendo un secreto para los trabajadores de la Ciudad Judicial en obra negra.

Aurelia Jiménez atendió a los representantes de la prensa en la calle, donde prácticamente los regañó en lugar de darles información.

El tiempo que debe ocupar ese cargo la licenciada egresada de la Universidad Veracruzana, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre vence en diciembre de este año, por lo que quiere utilizar las elecciones del 1 de junio como trampolín para nuevos cargos dentro del Poder Judicial, siempre y cuando tenga los votos suficientes de la población.

Ninguna obra pública basa el presupuesto en la cancelación de contratos de renta, más aún con esa cantidad que, comparada con la inversión total, no representa nada.

La presidenta concursará por un cargo en la elección que se llevará a cabo por primera vez en el país el 1 de junio, para elegir jueces, ministros y magistrados, de tal manera que en lugar de echar agua a su molino para que los veracruzanos voten por ella, los pone en contra suya.

La lucha de los trabajadores del Poder Judicial avanza, tienen la razón a su favor y la bandera de la dignidad que le es propia por derecho no merece ningún tipo de regateo.

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Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.