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En su mañanera del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado que poco se notó frente a la información sobre la nueva epidemia.

“Aprovecho también para decirle a la gente que si ve que un funcionario público, digo en general, pero en lo particular, si un funcionario público ya se cambió de casa y ya vive en una zona residencial –ya ven cómo se da a veces o cómo era antes, que vivían en la Narvarte y se iban a las Lomas o a Santa Fe–, que el vecino nos avise de esos comportamientos porque no se oculta la riqueza; además, por lo general, el corrupto es fantoche, es prepotente, se le nota a leguas, hasta cómo camina, porque empiezan a pavonearse (…). Que la gente nos ayude. Y todos a portarnos bien para que no haya distorsiones, para que no haya abusos (…) Eso va a ayudar mucho a que no haya corrupción (…), vamos, que todos ayudemos…”.No. Desde luego no. Ningún “vecino” tiene que hacerle al espía y señalar a quienes le parezcan “funcionarios corruptos” ni por qué saber dónde vivía con anterioridad.

Atacar la corrupción es una de las responsabilidades de la autoridad y de nadie más. Mucho menos de la población ajena a tareas privativas del MP, de las secretarías de la Función Pública y Hacienda o los órganos de control de cada dependencia pública, a cuyos integrantes para eso les paga, y si no, que renuncien.

La habilitación de ciudadanos como chivatos o soplones tiene su más abominable expresión en los regímenes totalitarios, como lo demuestra lo que fue Alemania del Este, donde las víctimas pueden hoy consultar sus fichas “criminales” elaboradas por la policía política con base en ominosas denuncias de vecinos y hasta familiares.

Dado que la corrupción en el servicio público mexicano es endémica (ingrediente común en la “cultura de gobierno”), la inquietud presidencial es comprensible, pero son las instituciones, no los particulares, quienes deben combatirla.

En el símil sobre el cambio de una colonia clasemediera a suburbios de millonarios cabe ilustrar con lo que ocurre en el Reino Unido ante la llegada de cualquier nuevo vecino. Lo constató un diplomático mexicano: a poco de instalarse en una casa rentada y nada fuera de lo común, llamaron a la puerta. Eran policías de aquella demarcación londinense que le preguntaron quién era él y de quién el automóvil estacionado afuera.

El recién llegado se acreditó, mostró la documentación probatoria de que el vehículo pertenecía a la representación y los agentes se despidieron con su característica y flemática cordialidad. Los datos que proporcionó, es de suponerse, fueron luego procesados y admitidos por la inteligencia británica.

Con fusilarse acá esa receta bastaría para detectar delincuentes comunes (narcomenudistas, secuestradores…) o “funcionarios corruptos” (igualmente criminales), y la tarea bien pueden hacerla modestos policías de barrio, de suerte que mediante ese sencillo pero ineludible procedimiento se limpiarían ciudades completas de sus indeseables vecinos.