¿Sin Estado de Derecho?

La cuarta transformación —en la terminología de la ministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación— busca restaurar el Estado de Derecho en México. Los ciudadanos, de acuerdo con esa lógica argumentativa, incumplen con la legislación vigente y por parte de las autoridades, además, no hay respeto absoluto a los derechos humanos.

Más allá de la retórica de la administración entrante, la violencia, la corrupción y la impunidad han dejado millones de víctimas, que han padecido en carne propia la insuficiencia de mecanismos eficientes para garantizar el cumplimiento de las normas. En el 2017, México se posicionó en el lugar 92 en el Índice de Estado de Derecho, generado por el World Justice Project (WJP) para clasificar a 113 países, una caída de cuatro posiciones con respecto a la medición anterior.

La perspectiva y las experiencias en cada una de las 32 entidades federativas nunca había sido registrada… hasta ahora, que un equipo de investigadores del WJP, encabezado por Alejandro Ponce y Leslie Solís —quienes trabajaron bajo la dirección ejecutiva de Juan Carlos Botero y Elizabeth Andersen— recopilaron información, analizaron datos y elaboraron perfiles estatales.

Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 significa el mayor respeto por el Estado de Derecho: el promedio nacional es de 0.39; Yucatán está en el primer lugar, con 0.44 y Guerrero, en el último con 0.29. ¿El menos corrupto? Querétaro, Zacatecas y Guanajuato están empatados. ¿El más seguro? Yucatán. Y así, los puntajes para cada uno de los ocho factores del índice. Estado por estado, es posible comparar y discernir.

La entidad actualmente gobernada por el priista Héctor Astudillo figura en el último lugar de la tabla, en cinco de los ocho rubros. La irrupción de las guardias comunitarias o los hechos de Iguala —por citar eventos relevantes ocurridos recientemente— confirmarían fácticamente las opiniones recabadas por los investigadores. Lo asombroso es que en las posiciones inmediatas, en orden ascendente: Baja California Sur, Sonora, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Igual de sorprendente resulta que otras entidades del sureste —como Chiapas y Oaxaca— figuren en la parte superior de la tabla, casi empatadas con Guanajuato o Michoacán.

El WJP construyó esta primera versión del Índice de Estado de Derecho en México a partir de las opiniones de más de 25,600 ciudadanos en todo el país y entrevista a profundidad a más de 1,500 especialistas. En la encuesta se incluyó una pregunta sobre las tres palabras que asocian con la frase “Estado de Derecho”. El 52.1% de los encuestados no supo el significado del término.

Ya sea su restauración o su respeto irrestricto, el Estado de Derecho debe ser un principio de gobernanza que vincule ciudadanos y autoridades mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para una convivencia pacífica y segura.

“México debe convertirse en un país donde impere la ley y donde todos la cumplan y la respeten”, sostiene Ponce, coordinador de la investigación. “Tal trasformación es compleja, pero posible. México no debe desperdiciar la oportunidad”.

¿Restaurar o respetar el Estado de Derecho? Entre las demandas ciudadanas y los indicadores disponibles, la nueva administración busca respaldos para la instauración de una nueva fiscalía general de la República, este mismo mes.

¿Restauración del Estado de Derecho o la implantación de un sistema autoritario? Voces críticas refieren que el debilitamiento institucional, un entramado judicial ad hoc, el avasallamiento de la oposición y las limitaciones a la libertad de expresión son indicativos de un desmantelamiento del sistema democrático. Y que todo comienza con un líder carismático que postula salvar a la gente.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿ENEMISTADES? La coordinación nacional de la Redes Sociales Progresistas circula entre sus líderes estatales y de los principales centros urbanos unas líneas de comunicación para responder a “los excesos que los medios de comunicación han cometido en torno al caso de la boda de César Yáñez Centeno”. Dicha guía enfatiza: “No nos equivoquemos, atacarlo es atacar al proyecto completo. No podemos permitir que se utilice un pretexto de naturaleza privada para implicar cuestiones de naturaleza política. Nada hay en la celebración de esa fiesta (la boda del pasado sábado 29 de septiembre) que ataña al ámbito de vida pública; primero porque César aún no es funcionario público y segundo, porque en un puritarismo excesivo coloca a todo mundo en una picota de la que es muy fácil ser parte si no se tienen los cuidados suficientes. César es un hombre que ha demostrado una lealtad personal que no puede ser sometida a juicio por una situación particular, con independencia (de) que hayan trascendido supuestos excesos, como el costo de la sopa o demás platillos. Se trata de un ataque generalizado de los medios de comunicación para tratar de ‘quebrar’ a una de las figuras más emblemáticas de nuestra causa”.

CAMINOS. Con el fiscal ratificado por el Senado de la República, vendrán entonces los nombramientos de los titulares de las fiscalías especiales para la atención de delitos electorales y el combate a la corrupción, además de la nueva instancia encargada para la pacificación y reconciliación. La fiscalía especial y el tribunal penal para la paz requerirían de cambios al texto constitucional, que podrían trabajarse en el Congreso de la Unión simultáneamente a la discusión de la nueva Ley de Amnistía, que propondrán los legisladores de Morena antes de que concluya este mes.