Lo que siempre resultó también un crimen imperdonable fueron la ideologización y la manipulación por parte del grupo político que hoy gobierna, al convencer a los padres de que había sido el Estado y acusar al Ejército
Al admitir que no fue un crimen de Estado la desaparición de los 43 del Caso Iguala, el presidente avala la “verdad histórica” de la administración anterior: fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan, por el Cártel Guerreros Unidos.
Lo que siempre resultó también un crimen imperdonable fueron la ideologización y la manipulación por parte del grupo político que hoy gobierna, al convencer a los padres de que había sido el Estado y acusar al Ejército.
Sin embargo, el mejor laboratorio del mundo en pruebas de ADN, el de la Universidad de Innsbruck, identificó como correspondientes a normalistas, dos restos calcinados encontrados en el basurero de Cocula, mediante el método científico más avanzado que existe: extracción de ADN mitocondrial.
Y un centenar de peritos, el Instituto de Biología de la UNAM, el Imperial College de Londres y la Oficina Forense de Norfolk dieron certeza a las investigaciones acerca de que la mayoría de los cuerpos fue quemado en el citado basurero.
Durante su viaje de campaña electoral a Nueva York, el actual presidente fue acompañado por el abogado cercano a Morena Netzaí Sandoval, quien dijo entonces que buscaba condenar al Ejército Mexicano en La Haya, por crímenes de lesa humanidad en el caso Iguala.
Sandoval le dijo al semanario Zeta, Sandoval dijo que también “sería posible acusar a Peña Nieto en la CPI como jefe supremo del Ejército Mexicano, institución que utiliza prácticas contrarias al derecho internacional, como tortura para forzar a personas a que se autoinculpen”.
Incluso, en aquella gira, el a la postre ganador de las elecciones respondió que “el reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”, al reproche que le hizo en Nueva York, Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas, por haber apoyado al ex alcalde de Iguala, Abarca.
En cambio, ayer el mandatario aseguró que no se trató de crimen de Estado y pidió que quienes tengan información o participaron en hechos delictivos, si quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger porque se necesita conocer la verdad.
Pero la verdad es que los desapareció el crimen organizado: el Cártel Guerreros Unidos los consideró miembros del cartel Los Rojos:
–Lo confesaron Felipe Rodríguez Salgado, de Guerreros Unidos y ejecutor directo; Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes, también participantes en el crimen; así como 142 implicados más, aunque ya casi todos quedaron libres en el actual gobierno.
–Para determinar que no fue crimen de Estado, trabajaron cientos de policías y de agentes, científicos, universidades y centros de investigación de México y el extranjero.
Hoy, el presidente les da la razón.
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