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Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el malecón de Tajamar no se ha cometido un ecocidio ni causado una devastación ambiental, según su titular, Guillermo Haro.

De ser mentira tal afirmación, el funcionario que tiene a su cargo la persecución de delitos ambientales puede ser sujeto de sanciones administrativas y hasta penales.

Sus declaraciones permiten entender mejor la trascendencia de lo sucedido en terrenos de la zona urbana de Cancún: 43 cocodrilos (el último entre el 12 y el 16 de enero) fueron trasladados a otra zona para su preservación. Aparecieron cinco más, al parecer migrantes del cercano sistema lagunar.

Ahí no había “flora ni fauna en peligro de extinción”, dijo, y aseguró que el área del escándalo mostraba deterioro desde 2005. “Al momento de ser evaluado el impacto ambiental, ya existía un proceso de fragmentación y reducción del hábitat (…), calificándose en un mal estado de conservación”.

Si demuestran lo contrario, quienes protestan habrán tenido razón. 

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