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Sin acuerdo ni fecha, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, confía que en un periodo extraordinario de sesiones hacia junio se dictaminará la Ley de Seguridad Interior.

El tan debatido tema dio pie a la vacilada de que se “militarizaría” México.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, pareció celebrar su postergación (“Lo mejor que puede pasarle al país es que haya una amplia discusión… Pediría que se aplazara…”), pero sugirió (para acuartelar a las tropas involucradas en la lucha contra la narcodelincuencia) “un plan de retorno verificable, gradual pero verificable, y desde luego siempre en el respeto a los derechos humanos…”.

Sin embargo, por ejemplo en Jalisco, Hidalgo, Puebla o Veracruz hay poblaciones completas (incluidos alcaldes, otras autoridades y empresarios gasolineros) que viven del saqueo de ductos y representan un problema de seguridad interior que ni con puros soldados podría resolverse.

La ley regateada por el Congreso no es para “proteger” a militares, sino por elemental salud pública para frenar la socialización del crimen.