La “seguridad interior” es un concepto acuñado por las fuerzas armadas de México para darle un paraguas legal a las tareas, de discutible legalidad, que han desempeñado estos años en la guerra contra el crimen. En las leyes mexicanas hay la “seguridad nacional”, que se refiere a las amenazas que pueden cernirse contra la nación: … Continued
La “seguridad interior” es un concepto acuñado por las fuerzas armadas de México para darle un paraguas legal a las tareas, de discutible legalidad, que han desempeñado estos años en la guerra contra el crimen.
En las leyes mexicanas hay la “seguridad nacional”, que se refiere a las amenazas que pueden cernirse contra la nación: guerras, terrorismo, rebelión, sedición. Hay, también, la “seguridad pública” que se refiere a las amenazas a la integridad física y patrimonial de personas y comunidades: delincuencia, catástrofes naturales, epidemias.
La “seguridad interior” vendría siendo el estadio intermedio: amenazas a la seguridad pública que pueden volverse amenazas a la seguridad nacional. Típicamente: las amenazas provenientes del crimen organizado cuando no puede ser contenido por las fuerzas de la seguridad pública y que, sin ser amenazantes para la nación, lo son para la seguridad de ciudades, regiones o instituciones.
He tratado de leer la ley de seguridad interior que aprobó la Cámara de Diputados y confieso que me cuesta trabajo penetrar su redacción, rica en vaguedades conceptuales y en garantías genéricas (la de los derechos humanos, por ejemplo), pero pobre en la definición de alcances, plazos y procedimientos.
La redacción de la ley es confusa, pero su propósito es claro. Busca darle un marco legal a la decisión federal de usar las fuerzas armadas para combatir al narco y al crimen organizado.
Durante la última década, el gobierno federal, por diagnóstico propio o por petición de gobernadores, ha dado a las fuerzas armadas órdenes de intervenir prácticamente en todos los puntos del territorio nacional. Esto es lo que autoriza la ley de seguridad interior en curso: que el gobierno federal pueda dar esas órdenes sin sombra de duda legal.
Hubiera sido bueno poner esta ley en vigor antes tomar las decisiones que ampara. De haberlo hecho así, estaríamos ahora evaluando y corrigiendo la ley, luego de 10 años de ejercicio. Sabríamos, como sabemos, que lo que la nueva ley legaliza no ha servido para garantizar la “seguridad interior”, sino, a menudo, para lo contrario.
Si uno quiere saber para qué servirá esta ley, no tiene que mirar al futuro, sino al pasado; no a los años sangrientos que vienen, sino a los años sangrientos que no acaban de pasar.
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