La regulación sigue mirando hacia los concesionarios y casi no hacia el emisor más poderoso de información: el gobierno
Este 26 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Llegaron después de una consulta pública que reunió casi nueve mil comentarios. El 82 por ciento de ellos, según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se pronunció en contra del proyecto original.
Hubo cambios. Se eliminó la obligación de “no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”. Ahora se habla de preservar la pluralidad y la veracidad de la información conforme a los códigos de ética de cada medio. La intervención de la Comisión quedó limitada a los casos en que se incumpla el procedimiento de quejas. Las sanciones se restringieron a tres supuestos: no contar con mecanismos de defensa, defensoría o código de ética.
Esos ajustes responden a las críticas más reiteradas. En el papel, reducen la posibilidad de que la autoridad se convierta en árbitro de la verdad y limitan su margen de decisión.
Sin embargo, no todo quedó resuelto. La Comisión sigue siendo un órgano desconcentrado dependiente del Ejecutivo. Conceptos como “veracidad” y “pluralidad” conservan un margen de interpretación. Y las recomendaciones de las defensorías, aunque ya no ordenan modificar contenidos de manera directa, pueden generar presión.
Hay un punto que los lineamientos ni siquiera tocan. La reglamentación se aplica a las concesionarias de radio y televisión, incluidas las de uso público y social. Pero no alcanza a la comunicación oficial del gobierno: spots, redes institucionales, boletines o mensajes de las dependencias.
En la consulta, alrededor del 11 por ciento de los comentarios, según el estudio de MCCI, señaló esa diferencia. La idea más repetida fue simple: “El gobierno miente y nadie lo evalúa”.
Los medios concesionados, privados o públicos, quedan sujetos a un sistema de quejas y códigos de ética. El Estado, cuando habla en su propio nombre, no. Esa brecha permanece intacta.
Los cambios del 26 de agosto mejoraron el texto. Suavizaron los puntos más peligrosos. Pero la regulación sigue mirando hacia los concesionarios y casi no hacia el emisor más poderoso de información: el gobierno.
Vamos a ver qué es lo que publican en el DOF, porque el diablo está en los detalles y la letra chiquita.
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