Porque en política, como en la vida pública mexicana, el problema nunca ha sido únicamente la ley. El problema ha sido quién está dispuesto a respetarla cuando afecta sus propios intereses
La democracia mexicana ha convivido durante décadas con una práctica que muchos normalizaron: los apellidos convertidos en franquicias políticas. Padres heredando cargos a hijos, esposas sucediendo a esposos, hermanos turnándose alcaldías y grupos familiares construyendo pequeños feudos desde el poder. Por eso, la propuesta impulsada por MORENA en Veracruz para prohibir la reelección inmediata y cerrar el paso al nepotismo electoral abre una discusión que, aunque incómoda para muchos actores políticos, resulta inevitable.
La iniciativa busca armonizar la legislación local con la reforma federal aprobada en 2025. Sobre el papel, el objetivo luce claro: impedir que los cargos públicos se conviertan en patrimonio familiar y evitar que quien hoy gobierna deje “amarrada” la siguiente elección para un pariente cercano. En un estado donde abundan las historias de dinastías políticas municipales y grupos enquistados durante años, el mensaje tiene una fuerte carga simbólica.
El problema es que la política mexicana aprendió desde hace tiempo a sobrevivir a las prohibiciones. Y ahí es donde comienza el verdadero debate.
Porque, aunque la reforma plantea impedir que familiares directos compitan por el mismo cargo durante los tres años posteriores al ejercicio del poder, también deja abierta una larga transición: las medidas entrarían en vigor hasta 2030. Es decir, todavía habrá tiempo suficiente para que muchos grupos políticos acomoden piezas, adelanten sucesiones o intenten blindar espacios antes de que las nuevas reglas comiencen a operar.
La propuesta también elimina la reelección inmediata de diputaciones locales y alcaldías. Esa parte genera posiciones encontradas. Algunos consideran que la reelección fortalecía la rendición de cuentas, pues permitía premiar o castigar en las urnas el desempeño de un funcionario. Otros sostienen que terminó favoreciendo estructuras clientelares y grupos con ventajas económicas y territoriales difíciles de desmontar.
En Veracruz, donde varios municipios han visto perpetuarse proyectos políticos bajo distintos rostros pero con los mismos apellidos, la narrativa anticacicazgos puede encontrar respaldo ciudadano. Sin embargo, también existe un matiz político imposible de ignorar: quienes hoy promueven estas restricciones forman parte de un movimiento que igualmente ha sido señalado por impulsar candidaturas familiares en distintas regiones del país.
Ahí está la paradoja. El discurso contra el nepotismo suele ser popular… hasta que toca intereses propios.
La iniciativa, además, coloca sobre la mesa un asunto más profundo: la confianza ciudadana. Cuando la gente percibe que los cargos públicos circulan dentro de una misma familia, la democracia comienza a parecer una simulación donde competir depende más del parentesco que de la trayectoria. Y esa percepción erosiona la legitimidad institucional.
No obstante, ninguna reforma constitucional resolverá por sí sola las viejas prácticas políticas. Los grupos de poder suelen reinventarse. Si no es el hijo, será el compadre; si no es la esposa, será un aliado político disfrazado de relevo ciudadano. La ley puede cerrar puertas, pero la cultura política encuentra ventanas.
MORENA apuesta a vender esta reforma como un golpe contra los privilegios y una defensa de la equidad electoral. Y probablemente logre respaldo social, porque el rechazo ciudadano hacia las “familias políticas” existe y crece. Pero el verdadero desafío no será aprobar el decreto, sino demostrar que la nueva regla aplicará parejo y no solamente contra adversarios.
Porque en política, como en la vida pública mexicana, el problema nunca ha sido únicamente la ley. El problema ha sido quién está dispuesto a respetarla cuando afecta sus propios intereses.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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