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La política también se mide en la forma en que se debate. Y lo ocurrido en el Congreso de Veracruz, durante la confrontación entre la diputada morenista Tanya Carola Viveros Cházaro y el legislador priista Héctor Yunes Landa, dejó claro que la tribuna puede convertirse tanto en espacio de discusión democrática como en escenario de confrontación personal.

El episodio se dio en el contexto de la solicitud de licencia temporal de Yunes Landa, quien se separó de su curul del 5 de marzo al 5 de abril, periodo en el que asumió funciones su suplente, Edgar Díaz Fuentes. Sin embargo, lo que pudo ser una sesión de trámite legislativo se transformó en un intercambio de acusaciones que exhibe la tensión política que vive el estado.

Desde su intervención, Yunes Landa defendió su decisión de separarse temporalmente del cargo, argumentando que recorrerá la entidad para conocer de primera mano las necesidades de la población. También aprovechó el momento para reiterar la denuncia que ha impulsado en instancias judiciales contra la legisladora morenista por el gesto de levantar el puño durante la entonación del Himno Nacional, acción que considera una violación a la ley sobre símbolos patrios.

Su postura tiene una base jurídica que no puede ignorarse. En una democracia, los símbolos nacionales tienen regulación y su respeto forma parte de la institucionalidad del país. Señalar posibles violaciones legales es un derecho de cualquier legislador y forma parte del contrapeso que debe existir entre las fuerzas políticas.

Pero el debate no se quedó en lo legal.

La diputada Tanya Carola respondió desde tribuna acusando al priista de ejercer violencia política, misoginia y actitudes groseras contra legisladoras. En su discurso sostuvo que el señalamiento forma parte de un intento por descalificarla y por atacar al proyecto político que representa su partido.

En su defensa, también reivindicó el gesto del puño en alto como una expresión política, vinculada históricamente con luchas sociales y no necesariamente como una falta de respeto a los símbolos nacionales.

Ahí se encuentra uno de los dilemas centrales del episodio: ¿dónde termina la libertad de expresión política y dónde comienza la obligación de respetar la normatividad institucional?

Lo preocupante es que el debate, que pudo ser jurídico o político, terminó transformándose en un intercambio de descalificaciones personales. Cuando la discusión se traslada de las ideas a los ataques, pierde la ciudadanía y pierde el Congreso.

No obstante, la confrontación también revela algo positivo: el pluralismo sigue vivo en Veracruz. Durante muchos años la política local se caracterizó por silencios incómodos y consensos forzados. Hoy las posturas chocan, se enfrentan y se exhiben públicamente. Esa es, en esencia, la naturaleza de un parlamento.

Sin embargo, el pluralismo no debe confundirse con el espectáculo.

La ciudadanía espera que sus representantes discutan temas de fondo: seguridad, desarrollo económico, empleo, educación. En cambio, con frecuencia la atención pública termina concentrándose en disputas personales que poco aportan a la solución de los problemas reales.

Mientras tanto, la toma de protesta de Edgar Díaz Fuentes pasó casi desapercibida entre la polémica. Un relevo legislativo que debería haber significado continuidad en el trabajo parlamentario quedó eclipsado por la confrontación.

En política, las formas también comunican. Y cuando el debate se convierte en batalla, la democracia corre el riesgo de parecer un ring.

El Congreso no necesita más gritos. Necesita más argumentos. Y Veracruz, sobre todo, necesita más resultados.

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.