Ortega corrompió al Ejército y el Ejército abandonó su neutralidad constitucional, para actuar contra los opositores políticos, periodistas, activistas, religiosos
Meter al Ejército en la infraestructura civil y sectores comerciales, donde antes no tenía participación alguna, aceleró el fin de la democracia en Nicaragua. ¿Resultado? El Ejército se corrompió para sostener al gobierno, a cambio de privilegios económicos.
Tras ganar las elecciones en 2006, Ortega creó el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que funciona como fondo de pensiones y emporio empresarial del Ejército, imposible de auditar, porque opera bajo el manto de la “seguridad nacional”.
El pretexto de Ortega fue que los militares invirtieran en finanzas y negocios propios, para garantizar sus beneficios sociales, mediante un sistema mixto de pensiones y los rendimientos de capital: todo, al mando de una junta militar impenetrable.
Al margen del escrutinio público, invierten en bienes raíces, bolsa de valores, empresas de servicio y comercios ¿Resultado? Los militares se dedicaron a hacer lana, y dejaron de enfrentar al narco, para perseguir a opositores al gobierno que los enriqueció.
El Ejército es el sostén financiero de Ortega y es su martillo contra sus adversarios: durante las protestas civiles de 2018, mató 300 opositores. Una represión argumentada en que los militares tienen que proteger su multimillonario portafolio de inversiones.
Los altos mandos militares de Ortega son millonarios y socios de la élite política y civil, por lo cual es imposible que el Ejército actúe como árbitro institucional, o defienda los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del dictador.
El IPSM canaliza fondos públicos hacia cuentas privadas de los generales, por lo que la dictadura nicaragüense fusionó los recursos del Estado con los del partido del gobierno (FSLN) y los del Ejército: el FSLN y las fuerzas armadas son la cabeza de la hidra.
La experiencia de Nicaragua demuestra que, permitir que los militares controlen ramas de la economía civil, termina por convertirlos en una corporación empresarial armada, cuyo único objetivo es la supervivencia del régimen que alimenta sus finanzas.
Por ejemplo, Ortega autoriza al Ejército más de 100 millones de dólares anuales en presupuesto oficial para gasto corriente. Pero, además, el Ejército acapara los contratos estatales, con 16 millones de dólares sin licitaciones públicas.
En Nicaragua, las empresas civiles del Ejército funcionan como principal proveedor del propio Estado, y mueven más de 200 millones de dólares al año mediante el flujo de contratos públicos, por adjudicación directa.
El Ejército de Nicaragua no busca erradicar el narcotráfico, sino administrarlo, por lo cual controla las rutas de la droga: captura ciertos cargamentos menores para lavar la cara ante la comunidad internacional, mientras pacta con los cárteles afines.
Ortega corrompió al Ejército y el Ejército abandonó su neutralidad constitucional, para actuar contra los opositores políticos, periodistas, activistas, religiosos.
Así llegó el fin de la democracia en Nicaragua.
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