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De lujo: resulta que el presidente también es ministerio público. Y entregó “un reporte personal” sobre el caso Ayotzinapa a los padres de los 43 asesinados. Una década de investigaciones de primer mundo no bastan ¡Faltaba la suya personal de él!

En 10 años, investigaron el caso la PGR y la FGR, el laboratorio de ADN mitocondrial de la Universidad de Innsbruck (el mejor del mundo), los peritos en fuego del Instituto de Biología de la UNAM, el Imperial College de Londres, la Oficina Forense de Norfolk…

Y la conclusión de dos gobiernos (el priista de Peña y morenista actual) fue que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan, por el cártel Guerreros Unidos, al señalarlos como miembros del cártel Los Rojos.

Sin embargo, el presidente no podía dejar el cargo de mandatario oficial sin presentar su propia investigación, parte de la cual (porque serán varias partes, eh) ya fue entregada a los padres de los asesinados.

Como sea, el actual presidente ha tenido varias visiones personales del caso. No olvidemos que durante su tercera y finalmente exitosa campaña presidencial, consideró que el Ejército había tenido que ver en la desaparición de los estudiantes.

En su gira proselitista de 2018 por Nueva York, el entonces candidato presidencial le dijo a Antonio Tizapa, papá de uno de los 43: “El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”.

A pregunta del señor Tizapa, acerca de las relaciones políticas que había tenido el entonces candidato presidencial con el autor intelectual del caso Iguala, el ex alcalde José Luis Abarca, otra respuesta fue: “Cállate, eres un provocador”.

De todos modos, hay que entender el “reporte personal” del presidente a los padres de los 43 como parte de las relaciones políticas que han desarrollado él y ellos, desde el momento del crimen: unas relaciones con altibajos, pero constantes.

La verdad es que familiares y alumnos hicieron política con el caso, y siempre se han dejado usar para que se hiciera política con el caso, e hicieron campaña electoral a favor del grupo político que en 2018 llegó a la presidencia.

Era imposible que sus hijos estuvieran vivos, pero repitieron el eslogan político de “vivos se los llevaron y vivos los queremos”. El mismo abogado de los padres, Vidulfo Rosales, usó el caso para ser Fiscal de Guerrero. Pero lo mandaron por un tubo.

Es humano que sufran, sobre todo al ver el poder absoluto dado al Ejército por el grupo político al que ayudaron a ganar la presidencia, pero que, en campaña, les hizo creer que el Ejército había tenido que ver en la desaparición de sus hijos.

Y siguen aceptándole informes.