La respuesta no la dará un comunicado ni una consigna. La dará la realidad cotidiana en Culiacán, Mazatlán y el Triángulo Dorado
La telenovela derivada de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue acumulando capítulos. Pidió licencia temporal para dejar su cargo como mandatario local. El Congreso estatal la aprobó el sábado y, en tiempo récord, nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, su exsecretaria de Gobierno. Ella, en su primer mensaje, le envió “respeto y solidaridad” y dejó claro que “confiamos en su inocencia”.
Mientras tanto, el domingo 3 de mayo se realizó el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena. La silla asignada a Rocha quedó vacía. No hubo respaldo colectivo, ni el clásico “¡No estás solo!”. La mayoría de legisladores y dirigentes se deslindaron con una frialdad que dice más de lo que pretende ocultar: “Que la FGR investigue”, “no habrá impunidad si hay pruebas”. Solo Gerardo Fernández Noroña expresó confianza en su inocencia, aunque con matiz: si hay culpabilidad, no habrá protección. Algunos militantes de Sinaloa intentaron corear “Rocha amigo, Sinaloa está contigo”, pero el eco fue débil… y breve.
Rocha, por su parte, insiste: “Tengo la conciencia tranquila. Son falsas y dolosas las acusaciones. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento”.
Aquí empiezan las preguntas incómodas.
¿De verdad alguien cree que un cártel que controla plazas, mueve fentanilo y ha dominado el Triángulo Dorado durante décadas no tiene capacidad para influir en gobiernos locales? ¿O seguimos fingiendo que la narcopolítica es solo una narrativa gringa cuando conviene?
La respuesta oficial es predecible: presunción de inocencia, defensa de la soberanía y “esperar pruebas irrefutables”. Sheinbaum lo dejó claro: no se encubrirá a nadie, pero tampoco se actuará sin elementos sólidos. El problema es que, mientras se administra el discurso, el poder territorial real en Sinaloa sigue siendo una incógnita incómoda.
Esto no es solo el caso de un gobernador de 76 años. Es algo más profundo: la evidencia de que, en ciertas regiones del país, la línea entre Estado y crimen organizado no siempre es visible… y a veces parece inexistente. Morena llegó prometiendo romper con el viejo régimen; hoy enfrenta la tarea —mucho más compleja— de explicar por qué uno de los suyos aparece señalado por la justicia estadounidense.
La licencia temporal es un movimiento político eficaz: baja la presión, compra tiempo y mantiene el control dentro del partido. Pero no resuelve el fondo. Sinaloa sigue siendo Sinaloa. El cártel no pidió licencia. Y la ciudadanía observa, otra vez, el mismo guion: comunicados, silencios estratégicos y promesas de que “ahora sí” habrá consecuencias.
En pleno Congreso Nacional, Morena optó por no arropar a Rocha como lo ha hecho en otros casos. ¿Prudencia? ¿Cálculo? ¿O la intuición de que este expediente no se puede contener con disciplina partidista?
La pregunta de fondo es más incómoda: ¿hasta dónde llega realmente la infiltración del crimen en las estructuras de poder? ¿Estamos ante un caso aislado o ante uno de los pocos que sí se exhiben?
La respuesta no la dará un comunicado ni una consigna. La dará la realidad cotidiana en Culiacán, Mazatlán y el Triángulo Dorado.
Mientras tanto, la telenovela sigue. Y esta vez, Morena no controla del todo el guion.
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