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Me acusa Jorge Alcocer en su artículo de Reforma (30/7/2016) de ser “jefe de campaña” de Jorge G. Castañeda y de andar regalando “panfletos para promover la candidatura presidencial” de Jorge.

Poco sabe Jorge Alcocer de Castañeda si cree que es gente que ande regalando algo. Y nada sabe de mí si cree que, a estas alturas, tengo tiempo o ganas de ser jefe de campaña de nadie.

No soy jefe de campaña de Castañeda. Soy su amigo, y hacemos muchas cosas juntos, pero no una campaña política.

Alcocer dice también que he sido “activo adversario de la reforma de 2007” (de la que él fue soterrado redactor).

En eso tiene razón. Me opuse a la reforma, y argumenté en su momento por qué. Entre otras cosas, porque a mi juicio violaba libertades básicas de los ciudadanos y porque, a fuerza de prohibirlo todo, iba a crear un mercado negro de dinero en los medios, y un nuevo piso de simulación en el proceso electoral.

Nueve años después, Alcocer concede en el principio de su artículo:

Desde que en 2007 quedó prohibida la compra de tiempo, con fines electorales, en tv y radio a partidos políticos, candidatos y, en general, a cualquier persona, los fraudes a la ley han sido reiterados. Partidos, aspirantes y candidatos… se las ingenian para hacer fraude a la ley (subrayado mío).

Derivo de estas palabras que la ley de 2007 produjo lo contrario de lo que buscaba: produjo fraudes, no transparencia. Fallida ley.

A la vista del fracaso, coincido con Alcocer en que alguien, el INE quizá o, más decisivamente, el Tribunal Federal Electoral, debería estudiar los “fraudes reiterados”, caracterizarlos y sancionarlos, poniendo un hasta aquí a las omisiones y tonterías de la ley y a las lecturas tramposas que la misma ley permite.

Es una revisión que le vendría bien a la República, aunque me temo que la cascada de casos llevaría a los árbitros a la conclusión de que la ley vigente no sirve, o sirve parcialmente, y hay que modificarla para que se haga cargo de los fraudes que trajo al mundo.

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