¿Rescate en Pasta de Conchos?

Indeleble en la memoria colectiva, la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida hace 13 años. Fue en febrero del 2006 —antes del conflicto popular que colapsó a Oaxaca, en tiempos de Ulises Ruiz, y por supuesto, antes de la primera elección presidencial en la que participó Andrés Manuel López Obrador— cuando ocurrió ese oprobioso accidente en la mina de Grupo México.

Desde entonces, el líder izquierdista prometió el deslinde­ de responsabilidades y el rescate de los 65 mineros atrapados en el derrumbe. El desempeño del gobierno federal en esas tareas —en términos de opinión pública— siempre generó críticas al gobierno federal, aunque la responsabilidad del incidente invariablemente era atribuida a la empresa que explotaba la mina.

En vísperas del primer año de AMLO en Palacio Nacional, el cumplimiento de esa añeja promesa estaría por concretarse. En las semanas recientes, han ocurrido pruebas técnicas en Pasta de Conchos para explorar las opciones del rescate, que ocurriría antes de que concluyera este año.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, integrado por 14,000 obreros, urgió reabrir el expediente, lo que implicaría emprender acciones legales contra el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés; el entonces secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, y el actual senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la República Mexicana.

Omisiones de unos y negligencia de las autoridades locales y federales, en esa lógica.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio el 1 de mayo que se tratarán de rescatar los restos de los mineros de Pasta de Conchos, se efectúan trabajos en Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para rescatar los restos de 63 mineros que permanecen ahí, de los 65 que perdieron la vida en la explosión derrumbe del 19 de febrero del 2006.

Leija Escalante recuerda que 40 de los mineros que fallecieron fueron contratados por la empresa de outsourcing General de Hulla y sólo 25 estaban sindicalizados en la agrupación que maneja Gómez Urrutia, lo que demuestra que el viejo líder y ahora senador controlaba ese mecanismo laboral. Subraya que seis días antes de que se produjera el accidente, Gómez Urrutia “avaló” las condiciones laborales de la mina, por lo cual es definitivamente corresponsable del accidente.

Plantea que, ante la magnitud de la tragedia, y al saber que estaba implicado en la misma, Napoleón huyó a Vancouver, Canadá, en donde vivió en un exilio dorado, recibiendo cantidades millonarias del sindicato durante 12 años.

El dirigente sindical considera loable que las autoridades federales traten de rescatar los restos de los mineros que permanecen adentro de Pasta de Conchos, pero este trabajo debe efectuarse sin implicar riesgos para las personas que lo realicen, insiste.

Efectos secundarios

¿CERRAZÓN? La comercialización de cigarrillos electrónicos está prohibida en México. Sin embargo, hay dos formas en que se colocan estos productos: mediante amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción que realizan las grandes compañías que buscan venderlos de forma legal, pero la vía más común es por el contrabando o piratería, que es la forma más frecuente en la que se distribuyen. En los meses recientes, el debate se ha apagado, no obstante que en la Cámara de Diputados hay iniciativas para regularlos. El peor de los mundos, pues ningún producto tiene permiso de importación, pero tampoco está prohibido su consumo. Los consumidores, desprotegidos pues no se tiene registro del origen de los cigarros electrónicos, vapeadores, así como sus consumibles de sabores. Por ello, ya se tienen registros de muertes, el más reciente a principios de noviembre en San Luis Potosí. ¿Y la Cofepris

DEFINICIONES. El artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana obliga a los altos mandos de la Cuarta Transformación a separarse de todos los activos e intereses económicos particulares que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y representen un conflicto; dicha separación se deberá comprobar con instrumentos legales. ¿Y en los casos donde no se materialice el conflicto de intereses? Allí está el caso de Héctor Doporto Ramírez, representante del sector empresarial (suplente) en el Consejo Técnico del IMSS; su hijo, Luis Doporto Alejandre, es propietario de Distribuidora Marzam, y aunque esta firma no apareció en la lista negra de proveedores, sigue con el estigma…

PENDIENTES. Luego de tres meses en suspenso, por intervención de la Secretaría de la Función Pública, la directiva del Instituto Politécnico Nacional deberá reponer el proceso para contratar la limpieza en las aulas y las áreas administrativas de las vocacionales y las escuelas de ese centro educativo. Mientras, Gott und Glück siguió con el control del servicio.