Abogados de gran solidez intelectual, como los aludidos, bien pueden valorar esta vía para que las diferencias sean didáctica de legalidad y civilidad democrática
A Ciro Gómez Leyva, como muchos otros, persona congruente.
Diego Fernández de Cevallos ha demandado al Presidente la oportunidad de aclaración a partir de los señalamientos que le hiciera en días pasados sobre supuestos actos impropios en el ejercicio de su condición de abogado de una empresa. Este viernes, el ex ministro José Ramón Cosío y 11 personalidades destacadas reclamaron al Presidente la intimidación y la falsedad de sus dichos en una de sus mañaneras. Ambos han dirigido oficio al Presidente. En el primer caso se acompaña la solicitud para que, a su vez, él tenga oportunidad, en la conferencia presidencial, de demostrar la falsedad de los señalamientos.
Lo acontecido no es nuevo ni es un caso aislado. El Presidente de manera reiterada ha mostrado una conducta de señalamientos a particulares en la que hace imputaciones, que afectan la honra, el buen nombre, y en ocasiones hasta de conductas delictivas. Independientemente de la ilegalidad de tal acción y la violación a la presunción de inocencia, considero que los particulares tienen a su alcance, además de las acciones legales correspondientes, el derecho de réplica tutelado por el artículo 6º de la Constitución y su ley reglamentaria.
El derecho de réplica es un recurso de alto valor a partir del método de denuncia pública que ha caracterizado al primer mandatario, acción que realiza, con frecuencia, con desapego a las responsabilidades propias de su investidura. Para tales efectos, la ley reglamentaria que regula el derecho de réplica da posibilidad para que la exigencia de Fernández de Cevallos y de todos aquellos afectados en su derecho a la dignidad se materialice; incluso, se puede solicitar la intervención judicial para que esto ocurra.
El derecho de réplica lleva implícito un propósito de igualar la respuesta a la imputación que se hace. Por lo mismo, debería hacerse en el mismo contexto para que el alcance fuera semejante al de la imputación. El que los particulares recurrieran a dicha acción legal tendría un efecto ejemplar; asimismo, inhibiría una de las expresiones más recurrentes del abuso del poder.
Abogados de gran solidez intelectual, como los aludidos, bien pueden valorar esta vía para que las diferencias sean didáctica de legalidad y civilidad democrática.
Liébano Sáenz
Twitter: @liebano
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