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Harto del desabasto de medicamentos y sobre todo los destinados a menores con cáncer, el presidente López Obrador dijo en la Asamblea General Ordinaria del IMSS que “entregaría la distribución de medicamentos al Ejército de ser necesario.

Van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, todos los medicamentos…”.

Y ayer confirmó: “Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar, me dejo de llamar Andrés Manuel.

Todos, todos, todos vamos a entrar. Pero le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas, cómo no. Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos, ¿por qué no vamos a poder nosotros, que son medicinas…?”.

La militarización del reparto había sido adelantada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer: “Se gestionan en forma personal por las Fuerzas Armadas en los lugares de entrega para maniobras de descarga, visitas de supervisión y acompañamiento a los almacenes de los operadores logísticos para verificar las tareas de carga y maniobra”.

Descomunal, el reto es inventar una estructura que haga… exactamente lo mismo (o mejor) que hasta 2018 venían haciendo las autoridades del sector Salud, los laboratorios y las empresas especializadas en llevar a cualquier parte las medicinas que el gobierno federal, representado por el IMSS, adquiría de forma consolidada, lo que dejó de hacerse por supuestas o reales prácticas de corrupción.

Ignoro cuántos tráileres, camiones, camionetas, automóviles, motocicletas, bicicletas y hasta mulas o burros ocupan las refresqueras y otras repartidoras que surten ciudades, pueblos y caseríos, pero no me imagino al Ejército y la Marina Armada (quizá también la Guardia Nacional) distrayendo sus transportes en la distribución de medicinas, pues el riesgo es que, por desempeñar tareas tradicionalmente de civiles, haga mal su principal tarea de garantizar la seguridad nacional, la interior y la pública (ésta cada vez más, por cierto).

Cuando advirtió que no toleraría nuevos pretextos para el desabasto, AMLO se ufanó de que “ya no se permite la corrupción que existía: diez distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno; empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos”.

Hace poco más de un mes, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Rafael Gual, dijo a Forbes: “Tenemos una empresa aquí en México, PISA, la más importante de América Latina, que era la que fabricaba medicamentos oncológicos con mucha eficiencia (…). No era un monopolio (…). Era tan eficiente que ofrecía los mejores precios y condiciones…”.

Esa farmacéutica es una de las que se dice hicieron transas con las administraciones anteriores a la 4T, pero ninguna es perseguida penalmente por actos de corrupción.

De ser cierto que delinquían, gozan de impunidad. Pero si no, lo mejor será dejarse de cuentos, se retome la mecánica “neoliberal” y se deje de necear con querer inventar el hilo negro…