La eliminación de los OPLE y de los tribunales estatales no quedó plasmada en la iniciativa. Tampoco, la proscripción del PREP (no es materia constitucional)
Después de dos sesiones de trabajo encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, la comisión para la Reforma Electoral tuvo lista la iniciativa de reformas que llevará el decálogo por la democracia a la Constitución. El martes 3, antes de la medianoche, el texto comenzó a circular.
Al mediodía del miércoles, el líder de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, había convertido la presentación del cuadragésimo noveno libro de su autoría (Morena, historia y perspectivas) en un forzoso cierre de filas. Los 253 diputados federales del partido oficialista darán su voto –garantizó—al dictamen de la propuesta presidencial, sin cambiarle una sola coma.
Listo para recibir el documento, el coordinador de la Junta de Coordinación Política tuvo que dar su espacio a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, destinataria del documento. A las 14:33 horas, cuando la legisladora panista estampó su firma en el oficio remitido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya había quedado desvelado el contenido de la iniciativa presidencial.
Confirmado. Los compromisos suscritos por la Ejecutivo federal cuando tomó posesión, el 1 de octubre del 2025, quedaron plasmados parcialmente en la propuesta de modificación a 19 artículos constitucionales, con algunas novedades.
¿La mayor? El cambio en el modelo de comunicación política, con la reducción de los tiempos oficiales —de 48 a 35 minutos diarios— durante las precampañas y las campañas, además de la prohibición de la contratación de la propaganda en radio y televisión durante las campañas en las consultas populares.
Los concesionarios de radio y televisión quedarían obligados a identificar —so pena de ser sancionados, en caso de omisiones— aquellos contenidos electorales que sean modificados o alterados con inteligencia artificial.
La asignación de los 200 diputados de representación popular tendría nuevas reglas, mientras que la fiscalización de los recursos ejercidos por la clase política quedarían sujetos a una supervisión más estricta.
El financiamiento para las actividades ordinarias de los partidos pasaría del 65% del UMA al 48%, mientras que quedaría prohibido que los institutos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular reciban o ejerzan recursos provenientes de personas o en especie de gobiernos, fondos de inversiones o personas físicas o morales extranjeras.
La eliminación de los OPLE y de los tribunales estatales no quedó plasmada en la iniciativa. Tampoco, la proscripción del PREP (no es materia constitucional). Del cambio de fecha de la elección del Poder Judicial y la revocación de mandato, nada.
Efectos secundarios
Expectantes. Casi a la misma hora que llegaba la iniciativa presidencial para la reforma electoral, ayer ocurría un cónclave verde en un hotel de la zona de Polanco. Arturo Escobar y Vega, destacado integrante de la directiva partidista, se reunió ayer con la senadora tamaulipeca Maki Ortiz, una de las apuestas del PVEM para las gubernaturas del 2027. Testigo de este encuentro fue el emotega y exfuncionario chiapaneco Francisco Cruz Vela.
Renovación. El almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario Marina, confirmó que durante el próximo bimeste, las dos terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México concluirán un proceso de transformación significativa que incluye una ampliación de 12 a 40 filtros migratorios autónomos, la construcción de un nuevo estacionamiento de seis niveles, la sustitución de todas las bandas de reclamo de equipaje, la instalación de 3,420 cámaras con inteligencia artificial, la habilitación de siete áreas médicas y la remodelación de las áreas verdes en el área operacional. Los trabajos –aseguró— estarán concluidos en 90 días.
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