¿Reforma electoral o cambio de régimen?

En la clausura de la —¿última?— Semana Nacional de Transparencia, la senadora Olga Sánchez Cordero dio respuesta a una de las preguntas más reiteradas que le han formulado desde que aceptó integrarse al equipo de Andrés Manuel López Obrador.

“En caso de ganar las elecciones presidenciales, ¿respetará el Estado de Derecho?”, le cuestionaban recurrentemente en foros organizados por ONG o pláticas con representantes de instituciones financieras e inversionistas foráneos. Ante comisionados de acceso a la información de todo el país —el pasado viernes 5—, hizo pública la respuesta que en privado decía, antes de los comicios del 1 de julio.

“No”, sentenció la ministra en retiro y futura secretaria de Gobernación, “no es que vayamos a respetarlo (sino que) vamos a restaurar el Estado de Derecho, por eso votaron los 30 millones de mexicanos que nos respaldaron”.

¿Restaurar o reconstruir? Casi a la misma hora, en un salón de El Colegio de México, el expresidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita, presentaba las conclusiones de la consulta realizada a 33 personajes de la vida política nacional —entre ellos, académicos, dirigentes partidistas, funcionarios electorales, empresarios y especialistas, cuya identidad se mantendrá reservada— entrevistados por IDEA Internacional, entre el 14 de mayo y el 25 de julio del 2018.

“Hay que reconstruir de manera sistemática el Estado de Derecho”, planteó Valdés Zurita, “hay que reconstruirlo de manera más precisa. Después de la elección, surge la necesidad de repensar el Estado de Derecho, en términos constitucionales”.

¿Una nueva Constitución? Mientras, plantearon los expertos consultados por IDEA Internacional, es necesario debatir sobre la propuesta latente —desde hace tiempo— de transitar a un sistema parlamentario, “pero actualmente ninguna fuerza política medianamente relevante está en esa sintonía”.

¿Una reforma electoral para redefinir las reglas de la competencia partidista y el acceso al poder? En ciernes, la cuarta transformación. Con ella, la que sería la octava reforma a las reglas de la competencia político-electoral en las últimas cuatro décadas. La agenda de los grupos parlamentarios contempla un ajuste a la legislación electoral, comentó Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, quien fungió como moderador de la mesa.

Salvo el periodo posterior a la elección del 2000 —justo cuando el PRI fue expulsado de Los Pinos por primera vez—, la legislación electoral ha sido modificada, cada seis años. La última ocurrió en el 2014, luego de que las cúpulas partidistas negociaran el Pacto por México, “por lo que se convirtió en un rehén, una víctima de las negociaciones”, recordó la catedrática Soledad Loaeza en la jornada de clausura del coloquio internacional El Futuro de la democracia, en el que Valdés Zurita presentó las conclusiones de su consulta.

Paradojas de la democracia mexicana: los actores políticos pusieron en duda la pertinencia y efectividad de las instituciones electorales y permitieron que permeara la idea de un “megafraude electoral” antes de las votaciones del 1 de julio.

Más que por su resultado, definió Loaeza, las elecciones presidenciales fueron un éxito, principalmente por el buen desempeño del INE, no obstante que “las condiciones institucionales no eran las óptimas”, subrayó, “se impusieron a los muchos gazapos que pudieron haber provocado enormes problemas de logística, de interpretación y de aplicación de la norma”.

La académica del Colmex habló sobre la persistente sobrerreglamentación y cierto “engolosinamiento de los partidos respecto de la reforma electoral”. Advirtió sobre los riesgos del “facilismo” ante el fortalecimiento de Morena.

“Si es cierto que hay un factor de desinstitucionalización en ciernes, entonces tendríamos que discutir el régimen presidencial antes que la ley electoral. Tendríamos que discutirlo a la luz del pluripartidismo, pues me preocupa que ese pluralismo político ahora se quiera negar, con la hegemonía de Morena”, expresó.

“¿Reforma electoral, para qué?”, cuestionó el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, quien presenció el debate desde las gradas. “¿Qué es lo que se quiere?” De esa repuesta depende la lógica misma de una reforma electoral y la discusión sobre su pertinencia.

EFECTOS SECUNDARIOS

RETORNO. El vocero del gobierno entrante, Jesús Ramírez Cuevas, adelantó que la Fundación Arturo Rosenblueth intervendrá en el operativo para levantar las opiniones ciudadanas, en la consulta sobre el nuevo aeropuerto que tendrá lugar dentro de 20 días. Ese think tank, uno de los preferidos de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, es dirigido por Enrique Calderón Alzati, quien deberá salir de su retiro…

¿DESPILFARRADORES? El gasto de los órdenes de gobierno, autorizado por el Congreso de la Unión, será de 2.48 billones de pesos. De este monto, de acuerdo con el Imco, 41.6% será ejercido directamente por las 32 entidades del país. El problema es que 24 de los 32 congresos locales no cuentan con órganos técnicos hacendarios y al final sólo tres muestran que tienen el personal adecuado para manejar el control presupuestario. Las medidas de austeridad del gobierno entrante —queda la duda— no serían extensivas a ese orden de gobierno.

RECUENTOS. Ha pasado una semana de que Aeroméxico esquivara los nubarrones de una huelga y todavía persisten las controversias. La asamblea de los pilotos en la que se definió aceptar la oferta de aumento salarial —refieren participantes de la misma— congregó a casi 600 afiliados a la ASPA y una “apabullante mayoría” se inclinó por el “No”. El cabildeo de los líderes sindicales busca mantener vivo el reclamo de que regresar a las condiciones contractuales a las que existían en el 2010 denotaría un deterioro económico irreversible a la empresa. En ASPA responden que el fantasma de una quiebra es lejano y que en el pasado hay ejemplos. ¿MexicanaLink? ¿Aeromar-Avianca?