Quítate tú, para ponerme yo

Todo eso de revolución, comunismo, populismo es un asunto de los instintos humanos más básicos: las personas que quieren el poder y los bienes de otras, arman un discurso político (que provoque resentimientos y rencores) para quitarles el poder y los bienes.

Se demuestra en Venezuela, donde 20 años después de llegar al poder y vivir en el absoluto fracaso político, económico y social, la dictadura impuso la semana pasada una ley para que sus funcionarios compren los bienes que expropió a sus opositores.

Está devolviéndose lo robado. Se llama Ley Antibloqueo. La dictadura puede vender bajo confidencialidad los inmuebles y empresas confiscados a particulares, desde la llegada del populismo al gobierno en febrero de 1998.

Es una reedición de la Piñata Sandinista, en la que lo miembros del gobierno comunista de Nicaragua (que perdió el poder en 1997) se robaron cinco mil fincas, casas y departamentos que confiscaron a las clases medias y altas con reformas sociales y agrarias.

Los sandinistas retomaron el poder en 2007 por la vía democrática, y enseguida cambiaron la Constitución para que el dictador Daniel Ortega pudiera permanecer en el poder mientras viva. Ahí sigue, aunque ya heredó la presidencia a su esposa, cuando muera.

En 1960, la revolución cubana también expropió (sin pago, como la obligaba la Constitución) propiedades de nacionales y extranjeros valoradas en 10 mil millones de dólares de la época. Estados Unidos le impuso un embargo comercial hasta que pague. No ha pagado.

Y hoy la dictadura venezolana de Maduro vuelve a robarse el país (con una triquiñuela legal propia de todo Estado rufián) para que sus miembros, amigos y compinches compren las mil 200 empresas que expropió Chávez, y las 526 que expropió Maduro.

Aquí, uno de los ideólogos del régimen, el librero gubernamental Ignacio Taibo, dijo sobre los empresarios: “Que chinguen a su madre, ¡exprópienlos!” Y sobre los opositores: “Se la metimos doblada. Fusílenlos”. Y sobre los intelectuales críticos: “Exílienlos”.

En Venezuela, la justificación oficial a la Ley Antibloqueo es que el gobierno necesita rematar los activos del Estado para capitalizarse y reponer los recursos que deja de obtener, debido a las sanciones económicas que le tiene impuestas la comunidad internacional.

Sólo que son activos que ya había expropiado a particulares a quienes obligó a irse del país, o que encarceló, o que asesinó o que torturó, al considerarlos opositores políticos, y por lo cual hoy la ONU declaró “asesina de lesa humanidad” a la cúpula gobernante.

Y las sanciones económicas son la respuesta de la comunidad internacional a las violaciones reiteradas de los derechos humanos, y la negativa oficial de realizar elecciones legislativas y presidenciales, con participación de opositores y vigilancia internacional.

Pero, mientras, se roba todo.