¿Quién será el dueño de la verdad?

Si uno busca la palabra verdad en el Diccionario de la lengua española encontrará, entre otras, estas definiciones: “Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente”; “Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa”; “Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna”; “Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente”, y “Cualidad de veraz”.

Vale la pena recordarlas porque los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, puestos a consulta pública por el gobierno federal, plantean una pregunta que no es menor: ¿quién decidirá qué es verdad y qué no?

El artículo 12 establece que las concesionarias y programadoras deberán “adoptar las medidas necesarias para no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, con apego a los criterios de su Código de Ética.

Hasta ahí suena razonable. El problema aparece cuando uno intenta responder algo muy sencillo: ¿quién determinará que una información es falsa?, ¿quién concluirá que fue sacada de contexto?, ¿quién decidirá cuándo un hecho histórico se presentó como si acabara de ocurrir?

Después de tres décadas ejerciendo este noble oficio, he aprendido una lección que se repite una y otra vez: todos creemos tener la verdad y solemos llamar mentiroso al que piensa distinto.

Lo viví durante la cobertura de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En el medio donde trabajaba recibíamos cientos de mensajes acusándonos de ocultar la verdad y de estar vendidos. Quienes escribían esos comentarios estaban convencidos de que nuestra cobertura no reflejaba la realidad. Para ellos, la verdad era otra.

Con estos lineamientos, cualquier persona que considere falsa o descontextualizada una información podrá acudir a la defensoría de las audiencias del medio. Si la inconformidad persiste, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá facultades para supervisar el cumplimiento de los lineamientos y, en su caso, intervenir conforme a la ley.

Ahí está mi preocupación.

Pero permítame añadir otra: ¿Qué pasará cuando un funcionario público, molesto por una investigación periodística, presente una queja como integrante de la audiencia? Por más que invoque un derecho ciudadano, mientras ocupe un cargo difícilmente podrá separar a la persona del poder que representa.

También me llama la atención que estos lineamientos nazcan en una época en la que las audiencias ya no son espectadores silenciosos. Hoy responden de inmediato. Cuestionan, desmienten, confrontan y también respaldan a los medios desde las redes sociales.

Los periodistas tampoco estamos exentos de controles. El más severo sigue siendo el de siempre: la credibilidad. Un medio que pierde la confianza de su audiencia comienza a perderlo todo.

Por eso el debate no debería girar alrededor de si las audiencias merecen protección. Claro que la merecen. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo protegerlas sin abrir la puerta para que alguien termine decidiendo cuál versión de los hechos puede considerarse verdadera?

Porque si algún día la verdad deja de construirse en el debate público para quedar bajo el criterio de una autoridad, no solo perderán los medios. Perderemos todos.

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