De ahí que lo “democrático” del proceso se limite al número de votos, habiendo privado a los electores de información clave y su derecho a una participativa, deliberativa y genuina democracia
Aunque abundan elementos para suponer que nada frenará la tramposa “elección popular” de jueces, magistrados y ministros, la resistencia dentro del Poder Judicial Federal sigue firme para echar abajo la destructiva reforma impuesta por Andrés Manuel López Obrador y asumida por Claudia Sheinbaum como iniciativa propia, con deplorables costos para su imagen de “demócrata” en el mundo.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito denunció ayer “inconsistencias” en lo que va del desaseado proceso y pidió suspenderlo, entre otras razones, porque quienes participen como funcionarios en los centros de votación pueden ser sujetos de sanciones penales.
Y es que la Presidenta de la República, los legisladores del Congreso de la Unión, consejeros y magistrados del Instituto Nacional y el Tribunal Electoral, como jamás en la historia, continúan desacatando las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial vigente, y su desobediencia es un delito que se castiga con cárcel.
La asociación enfatiza “los graves desafíos logísticos” de que ha informado el INE, derivados del recorte presupuestal de 52 por ciento que le aplicó la mayoría diputadil oficialista.
“Este ajuste ha forzado a reducir el número de casillas a 43 por ciento de lo inicialmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable”, dicen los juzgadores.
“Igualmente grave resulta la no revisión del padrón electoral y la disminución de recursos materiales que garantizarían la inviolabilidad del voto”, advierten.
“Sin legitimar dicha reforma y su implementación —señalan—, es claro que estas irregularidades demuestran la inviabilidad de la misma, su inoperancia, y desvelan que no hay un apoyo de los ciudadanos como la narrativa oficial lo hace creer para el desmantelamiento de la justicia federal, dado el margen de desinterés y abstencionismo del que funcionarios y expertos alertan.”
Y previenen contra el acarreo y la compra de votos, porque el diseño de la elección permite que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, con descarado sesgo hacia quienes tienen afinidad con la jefa del Poder Ejecutivo, Morena y sus compinches del Verde y el PT.
“Este proceso, lejos de democratizar al Poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República…”.
Para ilustrar la complejidad del maligno modelo (inspirado en el populismo boliviano de Evo Morales, pero mucho más extremo), jueces y magistrados indican que la votación prevista contempla seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo, confundirá al electorado y “promoverá un voto superficial y mal informado”.
De ahí que lo “democrático” del proceso se limite al número de votos, habiendo privado a los electores de información clave y su derecho a una participativa, deliberativa y genuina democracia.
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