Conversaba sobre Ayotzinapa con el académico de la Universidad de Stanford, James Cavallaro, relator de los derechos de las personas privadas de su libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando volvió a saltar la maldita cifra. Cavallaro hacía un sólido recuento de la gravedad del problema de los derechos humanos en México. Muertos, … Continued
Conversaba sobre Ayotzinapa con el académico de la Universidad de Stanford, James Cavallaro, relator de los derechos de las personas privadas de su libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando volvió a saltar la maldita cifra.
Cavallaro hacía un sólido recuento de la gravedad del problema de los derechos humanos en México. Muertos, torturas y, afirmó, “más de 20 mil personas desaparecidas, es la cifra que el propio gobierno reconoce, no nos vamos a engañar”. Le pedí que precisara, porque es una cifra que suele usarse con temeridad.
—¿Se refiere a personas no localizadas o a desapariciones forzadas?
—Uso el término como se usa en el país —precisó entonces—. Son personas no localizadas.
—Que quede claro, James, porque son dos cosas distintas.
—Son más de 20 mil personas no localizadas. La cifra de desapariciones forzadas no se sabe y lo dijo el comité de la ONU que trabaja sobre el tema. Es muy grave que no se sepa cuántos hay, pero estamos hablando de muchísimos casos.
Pero, ¿si no se sabe cuántos hay, cómo se sabe que son muchísimos? El 12 de febrero, mientras el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU revisaba el tema, busqué el dato con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Respondieron con un número que nadie ha cuestionado seriamente en seis meses: son 194 personas cuya desaparición es atribuible a las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos los 43 de Ayotzinapa, me dijo el entonces presidente de la Comisión, Julio Hernández Barros.
Lo volví a buscar ayer. Y me volvió a dar un número: el registro de personas extraviadas marca que hay unas 25 mil; de ellas, un 10 por ciento estarían desaparecidas, es decir, unas 2 mil 500; de ellas, y a juzgar por los testimonios de los familiares, menos de un 10 por ciento estarían en la categoría de desapariciones forzadas; es decir, unas 200.
“Un poco más de 200 personas cuyos familiares refieren que alguna autoridad intervino en la sustracción, lo que convertiría el caso en una desaparición forzada”, explicó Hernández Barros.
¿Unas 200 personas en qué lapso?
—De los años setenta a la fecha.
—¿200 personas de los setentas a la fecha?
—Así es.
Pero quienes insisten en fijar la idea de que la situación en México desde que “estalló la guerra de Calderón” (continuada por Peña Nieto) es como la de Chile y Argentina en los setentas, seguirán machacando que son más de 20 mil. Qué irresponsabilidad, qué desvergüenza.
MENOS DE 140. No nos importa, pararemos las escuelas el viernes: los maestros de la CNTE de Oaxaca. ¿De ese tamaño es el músculo?
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