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Difícil suponer que Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, no entienda lo dicho por el Presidente sobre sus reuniones con autodefensas implicadas en actos criminales. De la reciente en La Huacana, Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar. Ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establecen la Constitución y las leyes.

—¿Entonces, no está de acuerdo? —le preguntaron en la mañanera.

—No estoy de acuerdo.

—No lo avala…

—No.

Horas después, con Joaquín López-Dóriga, el funcionario aseguró que acatará, pero sostuvo que no se ha reunido con gente armada en Tamaulipas ni en Michoacán. “Tengo que cumplir con las instrucciones del Presidente. Si nos dice que lo tenemos que suspender, lo haremos como él lo indica”, prometió, y argumentó que se ha reunido “con personas que tienen años de no ser atendidas por tres gobiernos; que desafortunadamente se han ido estigmatizando todas estas comunidades como si fueran delincuentes. Yo no he visto ni una sola persona armada en estas reuniones; mucho menos hemos tenido encuentros con delincuentes e integrantes del crimen organizado. Lo menos que debemos hacer es atender a la gente que se ha sentido agraviada por la ausencia del Estado. Quienes viven en La Huacana, Michoacán (hubo 40 mil asistentes y no vi personas armadas. Sería tanto como que señaláramos que son 40 mil delincuentes), y en Hidalgo, Tamaulipas, se han referido a ellos como delincuentes y eso tiene que parar. Hoy el gobierno está siendo muy sensible a las peticiones que nos han hecho”, reveló, y explicó que se trata de restaurar el tejido social con las comunidades estigmatizadas y olvidadas del desarrollo económico…”.

Consciente de que no es válido universalizar (quien generaliza absuelve) y atendiendo cada palabra del Presidente y del subsecretario, se está frente a un típico sí pero no, ya que uno y otro suenan convincentes. Lo que López Obrador dice pareciera excluir lo que hace Peralta y éste asegura que acatará la instrucción… que en realidad es, precisamente, lo que anda haciendo: acatar la instrucción de negociar con autodefensas (paramilitares, pues) respaldadas por amplias bases sociales para intentar pacificar las regiones en que operan.

Tarea tan colosal como riesgosa (por explosiva) que dada la magnitud del problema será estéril si no se incluye a las inconstitucionales policías comunitarias de Guerrero (casi todas ligadas a narcotraficantes) y piquetes armados de comunidades indígenas en permanente conflicto (Chimalapas, por ejemplo), saqueadores de bosques, ferrocarriles, autotransporte de carga, huachicoleros o ladrones de gas.

Sin marco legal, la debatible estrategia pacificadora quizá se traduzca en cierta disminución de la violencia, pero los crímenes de delincuentes camuflados entre los estigmatizados quedarán impunes y jamás habrá justicia para sus incontables víctimas.

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