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La próxima destitución de mil 600 jueces (que consiguieron sus empleos luego de severos concursos de oposición) para colocar a quien se le ocurra a Morena, es el símil aquí de cuando Chávez echó en Venezuela a 17 mil 871 ingenieros de la paraestatal del petróleo, para suplirlos con militantes.

El escritor venezolano exiliado Ibsen Martínez lo describió:

Es ya un tópico de politología pop afirmar que Venezuela se jodió el lunes 27 de febrero de 1989, día en que estalló una inopinada ola de sangrientos motines y saqueos: el Caracazo que anunció el principio del fin de nuestro Estado social de derecho.

Yo tengo para mí, en cambio, que el país se jodió el día de abril de 2003 en que Hugo Chávez despidió, en retaliación y de un plumazo, a 17.871 altos gerentes y técnicos de alto desempeño, crema y nata de la petrolera estatal, su cerebro. Hablamos de casi la mitad de los trabajadores que la empresa empleaba por entonces. No hay en el mundo corporación alguna, petrolera o no, que pueda sobrevivir a tal hecatombe.

Hoy, 11 años después del espeluznante desatino de Chávez, en Venezuela (donde están las mayores reservas de crudo del planeta) escasea la gasolina y tiene que contrabandear petróleo en Irán, porque PDVSA quedó en ruinas y fue declarada “en emergencia”, por el sátrapa Maduro.

En México (aun sin el ya decidido despedido de mil 600 jueves) ya arrancó el nuevo régimen de sin Poder Judicial autónomo, porque desde hace una semana no se puede reclamar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por Morena, como publicó el Diario Oficial de la Federación.

Al igual que los venezolanos, cuando la barbarie económica de Chávez con PDVSA, los mexicanos tampoco pueden dimensionar en este momento lo que significa la captura del Poder Judicial por parte del poder autocrático. Lo van a dimensionar cuando sepan que nadie los podrá defender.

Sin el contrapeso del Poder Judicial, se pierden las garantías para la inversión, la propiedad, para la presunción de inocencia y la libertad de reunión. Perdido ese contrapeso, es más fácil que los poderosos puedan perseguir o extorsionar a quien les caiga mal. Es una locura.

De hecho, ya empezó con la entrada en vigor de las leyes de Amparo y Amnistía, gracias a las cuales quien esté al frente de la autocracia podrá otorgar perdón de manera directa a aquellos presos que quieran inculpar a otras para obtener la libertad.

En Venezuela, ya sin el contrapeso de los geólogos, geofísicos e ingenieros que se oponían a sus decisiones, Chávez empezó a adjudicar los contratos peroleros sin licitar a sus amigos y se formó un capitalismo de cuates, llamado “boligarquía”.

Y aquí viene una oligarquía judicial.