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De prosperar, la iniciativa del senador morenista Ricardo Monreal para regular las redes sociales, inspirada en una repugnante solidaridad con Donald Trump, no solo favorecerá a violadores de reglas fijadas por los propietarios.

Dará al traste con la austeridad “republicana” que tanto cacarea la 4T.

Solo hay que imaginar las decenas de miles de trabajadores que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá contratar para solucionar controversias que hoy se resuelven de manera algorítmica, en primer lugar, y en segundo con puñados de gente capacitada para discernir, por ejemplo, casos como si la imagen de una mujer amamantando a su bebé puede o no ser considerada pornográfica.

La pretensión es que el Instituto autorice los términos y condiciones de firmas como Facebook, Instagram o Twitter, y que éstas cuenten con lo que ya tienen: personal que atiende problemas de perfiles suspendidos o eliminados, pero también quiere que el IFT, además de regular y vigilar a esas empresas, atienda inconformidades de manera directa.

En la iniciativa se trata a las redes como si fueran concesionadas porque se difunden por el espectro radioeléctrico, recurso natural intangible, un bien público regulado por el Estado, que se usa para servicios de radio, televisión, telefonía e internet, pero no son medios nacionales, sino globales.

Lo que sugiere la propuesta es equiparable a que se requiriera permiso del IFT para instalar una televisión casera.

Hace poco más de un año, el experto de MILENIO en tecnología y comunicaciones ciberespaciales, Fernando Santillanes, publicó sobre la visita que hizo a las oficinas de Facebook en Barcelona.

Platicó con algunos de los revisores de contenidos originados en América Latina y que ven aquellas publicaciones que violan las reglas de la empresa con videos, fotografías, textos de maltrato animal, atropellos sexuales o de género, racismo, discursos de odio y materiales de violencia extrema.

“Todo lo que hacen los revisores es posible gracias a un software, que es el que realmente revisa y decide automáticamente el contenido (…). Solo cuando hay dudas, un humano entra en acción”, escribió.

Y es que, ante miles de millones de publicaciones diarias en esa red, es imposible que el trabajo recaiga en personas físicas.

Únicamente “si un usuario lo reporta, habrá una revisión humana”.

El algoritmo aprende de esas decisiones, la operación va perfeccionándose, y así se trabaja “24 horas, siete días de la semana, en 50 idiomas”.

En otras palabras, la iniciativa sugiere una regresión virtual a la prehistoria.

¿Cuánto significaría para el erario que lo que hoy se resuelve con tecnología deban hacerlo empleados a los que Monreal imagina especializados en derechos humanos y libertad de expresión? Fuera máscaras: el verdadero propósito de regular las ex benditas redes sociales no es otro que los morenistas puedan propalar las mentiras que quieran o esparcir llamados a la ilegalidad… como sucedió con Trump.