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Al ser ratificado por el Senado como procurador general de la República, Raúl Cervantes abrió una herida jurídicamente cerrada:

“Lo primero que debemos hacer es dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes, entre los que se encuentran los de Ayotzinapa, Tanhuato, gobernadores, Nochixtlán, desaparecidos y Tlatlaya…”.

En efecto, los enlistados están bajo su responsabilidad… excepto el de Tlatlaya: pasó ya por la PGR y fue juzgado por el Poder Judicial de la Federación.

Cervantes hizo bien en citar sucesos emblemáticos de averiguaciones que deberá proseguir, pero de lo sucedido en aquel municipio mexiquense se sabe, a través del Consejo de la Judicatura Federal, que los juzgadores (todos civiles) no hallaron elementos para procesar a ninguno de los ocho soldados consignados por lo que algunos o muchos continúan suponiendo asesinatos a mansalva, de suerte que, a mediados de mayo, el fallo del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito puso en libertad a los últimos tres militares que permanecían en la cárcel.

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