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La diputación federal de Morena respaldará “todos los acuerdos a los que llegó el Presidente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, advirtió ya su coordinador Mario Delgado.

Esos compromisos, informó el jueves pasado Andrés Manuel López Obrador, fueron iniciativa suya: “No es que me hayan presionado los de la CNTE, no me dejo intimidar. Ni siquiera me lo plantearon, sino que yo lo planteé. El que salga de escuela normal va a salir con plaza, aunque no les guste a los conservadores…”.

No tuvieron que pedírselo. Y aunque son varias las abusivas demandas del magisterio faccioso, la de las plazas automáticas figura entre sus exigencias más lesivas y recurrentes, y de ninguna manera es el conservadurismo al que le disgusta.

De imponerse en el Congreso la acrítica incondicionalidad del morenismo y se plasma tal aberración en una ley secundaria, se cometerá una serie de flagrantes violaciones a la Constitución, para empezar contra lo que mandata en su primer artículo, que prohíbe toda forma de discriminación.

Que a los egresados de las normales se les garantice una plaza no es algo discriminatorio pero sí selectivo: un privilegio de ensueño porque serían los únicos profesionistas con chamba en cuanto se titulen, lo cual no sucede ni sucederá con quienes estudian cualquier otra carrera.

Educación es uno de los servicios públicos más importantes del Estado, solo superado por el de salud. Cabe entonces preguntar: ¿por qué a todos los egresados de las escuelas y facultades de medicina y enfermería del país no se les otorgan plazas en automático? ¿No requieren de sus habilidades la secretaría federal, el IMSS, el Issste o los sistemas estatales y municipales del ramo? ¿O a qué nuevo ingeniero formado en el IPN, la UNAM u otra institución de enseñanza superior, con solo presentar su título, lo contratan ipso facto Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos o las direcciones locales de Obras Públicas? ¿Cuántos aprobados y de cuántas disciplinas están sujetos a la disponibilidad de plazas públicas y privadas, además de superar exámenes de admisión para conseguir trabajo? ¿Acaso no abundan los titulados que hasta con estudios de posgrado andan de choferes de taxi o en el mercado informal y la venta callejera de tacos y garnachas?

Las plazas automáticas son contrataciones a ciegas y constituyen una ilegal, inaudita concesión a la temible minoría magisterial de la Coordinadora, ante la que claudica de manera lacayuna la diputación federal del partido en el poder.

En la burocracia educativa decisoria de la 4-T, ¿alguien conocerá el nivel pedagógico con que se egresa de las normales, sobre todo rurales, regenteadas por la CNTE?

Si la del peñanietismo fue “la mal llamada reforma educativa”, la confeccionada para satisfacer a la CNTE, ¿merece nombrársele como la “bien llamada”? Sí pero con una corrección: contrarreforma educativa.