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El presidente Donald Trump abusó una vez más de sus poderes. Esta vez contra México.

En medio de una negociación de los dos países sobre cómo procesar el flujo de migrantes centroamericanos, Trump firmó un decreto que cancela el derecho de asilo para todo migrante que lo pida desde un país que no sea el del migrante. Es decir, para todos los centroamericanos que piden asilo desde México.

El decreto deroga la condición legal previa según la cual los migrantes que buscaban asilo en Estados Unidos tenían derecho a entrar a su territorio, pedir un juicio y quedarse ahí mientras el juicio tenía lugar.

La burocracia migratoria estadunidense y sus reglas generosas establecían que los asilantes debían estar en custodia mientras se resolvía su juicio, pero no podían ser retenidos muchos días, pasados los cuales eran entregados a sus familias, residentes legales o ilegales en Estados Unidos, y esperaban allá el juicio definitivo sobre si eran asilados o deportados.

La flexibilidad implícita en el procedimiento y la crisis centroamericana de inseguridad, violencia, bajo crecimiento y explosión demográfica produjeron en 2014 una avalancha de migrantes. Y otra en 2019.

Las dos fueron contenidas en Estados Unidos, entre otras cosas, pidiéndole a México que ayudara a contenerlas.

En 2014, el presidente Barack Obama fue muy duro pero muy discreto en su exigencia, y el gobierno mexicano, en su cumplimiento, también.

En 2019, Trump ha sido desaforado en su exigencia de colaboración. El gobierno mexicano fue discreto en su respuesta y abrió los brazos a la migración centroamericana, hasta que recibió el ultimátum de un aumento de 5 por ciento los aranceles del comercio bilateral.

México se allanó entonces al compromiso de disminuir el flujo centroamericano en 45 días y revisar después un acuerdo de primera audiencia allá, a los peticionarios de asilo, para que esperaran, acá, el veredicto de la segunda audiencia.

El acuerdo quedó abolido por el decreto de Trump. No habrá primera ni segunda audiencia allá ni acá, solo habrá centroamericanos en México esperando cruzar por una puerta cerrada. La decisión de Trump contraría la tradición americana de apertura al mundo y protección de derechos humanos.

Creo que una mayoría de mexicanos respaldaríamos una posición tajante de México contra este portazo.

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