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Disipado el ruido que produjo la confluencia del informe de los expertos de la CIDH y el primer aniversario luctuoso de los hechos del 26 de septiembre, sostengo la dos preguntas que he repetido aquí: Una, ¿por qué el gobierno del presidente Peña Nieto y la procuraduría de Arely Gómez no levantan la frente y expresan que la investigación más completa sigue siendo la de la PGR de Jesús Murillo Karam? Dos, ¿por qué con la evidencia disponible no afirman, como estadistas, que es muy doloroso, pero a los normalistas los sometieron, mataron, quemaron y tiraron al río?

Cuesta entender las vacilaciones de un Presidente y una procuradora que, pese a que no desaparecieron a los 43, insisten en moverse con un gran temor ante ciudadanos y grupos sociales que no les creen hoy ni les creerán nunca, expongan y demuestren lo que sea. Aceptar una versión oficial sería negar la razón de ser de esos opositores. Para ellos, se trató de un crimen de Estado. Cualquier otra versión debe ser liquidada.

Para “darle más transparencia a la investigación”, la PGR ofrece ahora revisar el expediente, en especial el apartado de la incineración en el basurero de Cocula. Hacerlo desde la antropología, la escena del crimen, la criminalística de campo y la termodinámica del fuego, con un grupo de siete expertos de cinco países: Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y México, amén de que el hombre que activó las dudas sobre el incendio, José Luis Torero, podría participar también.

Revisarán lo existente y, en su caso, reportarán hallazgos. Pueden anticiparse tres posibles desenlaces: a) si concluyen que los quemaron, serán acusados de burócratas internacionales corrompidos por la criminal corrupción mexicana; b) si plantean nuevas dudas, las multiplicarán geométricamente, aunque no prueben nada; c) si prueban que se trató de un montaje, el ex procurador Murillo Karam y su equipo tendrían que ir a la cárcel y al basurero de la ignominia. Creo que se impondrá la variable b. Es la fácil y políticamente correcta: si no consigues hacer avanzar el conocimiento, multiplica las hipótesis. Y las sospechas.

—¿Usted tiene dudas de la versión que expuso en noviembre y febrero el procurador Murillo Karam? —le pregunto a la coordinadora general de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina.

—No.

—¿Respalda las conclusiones de noviembre y febrero?

—Así es.

—¿Usted cree que así se dieron los hechos?

—Totalmente.

Por fin un poco de convicción entre tantos miedos, tantas culpas.

MENOS DE 140. No tenemos nada contra Marcelo Ebrard por lo de la Línea 12: Miguel Ángel Mancera, categórico.

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