El narcotráfico es un delito que supuestamente Cienfuegos empezó a cometer en México, pero que se consumó en Estados Unidos. Teóricamente, el divisionario puede negarse y litigar allá la solicitud, o bien “allanarse” y obviar un juicio adicional en Estados Unidos, optando por ser procesado aquí en los tribunales civiles
De la solicitud de extradición del ex secretario de la Defensa Nacional que sugiere el abogado Juan Velásquez, escribe José Herminio Jasso Álvarez: “Yo sé que por simpatía y trato hay deseo de apoyar al general Cienfuegos. Pero si nos ponemos a pensar en que hubiera una millonésima posibilidad de que fuera extraditado, primero tendría que purgar su condena en Estados Unidos. Nunca podría pasar que sea enviado a nuestro país para que aquí lo juzguen. Para empezar, ¿quién lo va a investigar? ¿Y qué credulidad tendría la supuesta investigación, hecha con base en información que le pedirían a Estados Unidos para poder juzgarlo? Ah, que Carlos, te fuiste con la finta…”.
Tiene razón en su escepticismo, no en mi supuesta ingenuidad. Claro que es ínfima la probabilidad de que Estados Unidos acceda a la petición. Pero aquí no se le juzgaría solo con la versión gringa, sino también con las indagaciones propias. La demanda es jurídicamente lógica y apegada al derecho internacional.
El narcotráfico es un delito que supuestamente Cienfuegos empezó a cometer en México, pero que se consumó en EU. Teóricamente, el divisionario puede negarse y litigar allá la solicitud, o bien “allanarse” y obviar un juicio adicional en EU, optando por ser procesado aquí en los tribunales civiles (no castrenses, la falta de que se le acusa no es a la disciplina militar).
Pese a lo estéril que resultara el recurso, lo que Velásquez resalta es la obligación ética y la oportunidad legal que tiene el gobierno mexicano de responder con firmeza por no haber sido tomado en cuenta para colaborar en las investigaciones, lo cual entraña una humillante desconfianza (por más razones que existen para el recelo mutuo), no obstante, las expresiones de “buena relación” y hasta de “amistad” que se tributan los presidentes López Obrador y Trump.
La magnitud de la ofensa impone una petición que, dicho sea de paso, haría juego con lo dicho por el canciller Marcelo Ebrard: “Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país…”.
Dijo también: “Tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa; que no se cometan atropellos ni abusos”, y que “se valorará una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio”. Ojalá que se añada y anticipe la solicitud de extradición.
La Fiscalía General de la República debe exigir a la de EU la acusación, redactar la argumentación y comprometerse a mantener encarcelado al general, así como a realizar las averiguaciones que le corresponden. El gobierno está obligado a pelear por la extradición. “Sería la manera de demostrar que el nuestro es un país soberano y castiga al responsable de un delito, o lo absuelve si no hay pruebas en su contra”, dice Juan Velásquez. La irrespetuosa actitud de EU, remata, es “una desgracia para México. Es una vergüenza…”
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