Política social versus drama personal

La austeridad en el gasto corriente del gobierno federal impactará de manera positiva la vida de millones de mexicanos que se beneficiarán por efecto de la política social a que se comprometió y ha comenzado a cumplir Andrés Manuel López Obrador.

Jóvenes construyendo el futuro (que hoy no estudian ni trabajan), pensión a todas las personas que padezcan una discapacidad permanente, internet gratis en los espacios públicos, precios de garantía a los productos alimentarios básicos, becas a estudiantes de enseñanza básica y superior, por citar algunos programas emblemáticos financiables con la redistribución y ahorros presupuestales.

Por desgracia, quizá no tantos pero con sus familias también serán millones los que resentirán el golpe de la cuarta transformación en sus bolsillos, con reducciones salariales o la pérdida de empleo.

Los empleados de confianza en todo tipo de instituciones públicas, por ejemplo, suman algo más de 270 mil y casi todos irán a la calle. De ese total, alrededor de 25 mil han labrado un sólido servicio civil de carrera, pero a muchos se les reducirá la paga debido al tope de 108 mil pesos mensuales que se fijó López Obrador, motivo por el que parte de éstos han promovido su jubilación anticipada, con el fin de no verse perjudicados en sus pensiones.

De quienes más conmueven por el deterioro de su economía son los 468 empleados de limpieza de la Cámara de Diputados, cuyos patrones, resueltos a ahorrar 8 millones 700 mil pesos al año, decidieron reducirles a 100 pesos la jornada por las que se les ha estado pagando 130.

Una cantidad 100 veces superior de trabajadores que habitan en las colonias de las alcaldías orientales de la capital y municipios limítrofes mexiquenses, simplemente, perderá su trabajo en el abortado Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en Texcoco donde, pese a que por razones económicas de contratos que no pueden cancelarse, quizá mil o mil 500 continúa realizando chambas ínfimas en la obra condenada a nunca ser concluida.

Por el recorte de plazas, buena parte de los empleados y prestadores de servicios del Instituto Mexicano de la Radio, creado hace 35 años, también se quedará en la calle por la desaparición de la figura contrato por honorarios y, según informó La Jornada, lo que viene es el colapso del IMER por el golpe que significa para la operación y programación, ya que pone “en serios aprietos a la veintena de estaciones”, pues más de mitad del personal y colaboradores (productores, operadores, locutores, guionistas, editores, realizadores, periodistas, investigadores) cobra, con recibos, entre 2 y 10 mil tristes pesos.

La satanización de los puestos de confianza no solo se refleja en la agresión tumultuaria que padeció el comunicador de la Corte Jorge Camargo, sino en gente común y corriente que llega al fin de año sin saber de dónde o cómo tendrá para comer…